La mayoría oficialista está desenfrenada. Ni la Constitución, ni la Suprema Corte de Justicia, ni la Ética Política la contienen.
El pasado miércoles seis de noviembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma a varios artículos de la Constitución que aprobarán apresurados la próxima semana. Desaparecen órganos que tienen reconocida su existencia y autonomía en el propio texto constitucional: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación.
A partir de un dato sociológico, “el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”, es que el poder se divide, se equilibran pesos y contrapesos. Aristóteles constató que en varias polis griegas se dividió el poder público en tres: la asamblea del pueblo, ejecutores de las decisiones del pueblo y magistraturas que impartían justicia. La división tripartita del poder público evolucionó con el tiempo, primero para que el poder frene real y positivamente al poder, y luego por la complejidad de materias que debían atender los tres poderes clásicos. La ingeniería constitucional desarrolló órganos públicos fundamentales, establecidos en la Constitución, que no se adscriben a ningún poder tradicional. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido la evolución del concepto de distribución del poder público, en órganos cuya actuación no depende ni se deposita en los poderes tradicionales. Tienen funciones estatales específicas con la finalidad de lograr una mayor especialización, agilizar los procedimientos, y lograr control y transparencia de los otros poderes. Dan atención eficaz a demandas sociales, por lo que se establecen en la Constitución, mantienen relaciones de coordinación con los otros poderes, y gozan de autonomía e independencia funcional y financiera, para atender funciones estatales.
Como órganos autónomos se reconocieron en nuestra Constitución Política a: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Universidad Nacional. Estos órganos, como los que se pretende desaparecer, realizan funciones del Estado que no encajan dentro de los tres poderes clásicos y por tanto no están subordinados a ningún otro órgano del Estado. A la CNDH, al INE, a la ASF, a los Tribunales Administrativo y electoral ya los secuestró o cooptó la 4T. Solo subsisten autónomos el Banco de México, el INEGI y la UNAM, pero les traen ganas. Del Poder Judicial luego hablamos. Estamos en un presidencialismo exacerbado, engendro dictatorial.
A López Obrador le disgusta no tener todo el poder posible. Por eso presentó en febrero la iniciativa que desaparece a estos siete órganos autónomos, para concentrar en el poder ejecutivo las funciones especializadas que desempeñaban, evitar transparencia, aumentar opacidad y burocracia y clientela incondicional. Harán más lentos los procedimientos. Para complacer al déspota, el “mayoritismo desenfrenado” está aprobando todas sus ocurrencias autoritarias.
Hasta hace unos días teníamos confianza en que 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte honrarían su palabra de guardar y hacer guardar la Constitución y contendrían al poder. Las otras tres nombradas por López Obrador son ignorantes e incondicionales de la 4T. La traición del ministro Alberto Pérez Dayán en la sesión en que se discutió la inconstitucionalidad de la reforma al poder judicial dañó los equilibrios del poder. No es previsible el cómo resolverán las impugnaciones a estas reformas. Queda la Corte Americana de Derechos Humanos y otros mecanismos previstos en Tratados Internacionales. Sin garantía de los derechos humanos y sin división de poderes, no tenemos constitución.
Analista político
@jalcants
