Lo sucedido en el último año del sexenio en la frontera de Chiapas con Guatemala, retrata de manera nítida el pulso que tuvo Andrés Manuel López Obrador para disfrazar su desidia y complicidad por omisión, del problema de seguridad que heredará como conflicto binacional. La caricaturesca retórica presidencial para negar la crisis, se entiende al analizar el entramado político criminal del que su partido fue el principal beneficiario, y cuya evolución quedó registrado en informes de los órganos de inteligencia del Ejército.
El nombre de Jesús Esteban Machado Meza, cabeza visible del Cártel de Sinaloa (CDS) en el estado, aparece en distintos reportes que cotejados con fuentes militares que han pasado por la entidad del 2021 a la fecha, exhiben una trama de la que existe escaso registro en la opinión pública. En uno de los reportes se dice que este individuo pagó 10 millones de dólares al gobernador del estado Rutilio Escandón para poder operar con total libertad en Chiapas. La versión cotejada con fuentes castrenses, remite a cómo corporaciones como la Policía Ministerial y la Estatal Preventiva, actúan en consonancia con los dictados de la organización. Y citan como cabezas visibles dentro del gobierno estatal a un ex policía federal de nombre Roberto Jair Hernández Terán, quien funge como comandante de la policía estatal fronteriza y presuntamente se encarga de los pagos de sobornos a todos los miembros de la secretaría se seguridad pública desplegados en municipios fronterizos, epicentro del conflicto entre células de organizaciones criminales que actúan como franquicias del Cártel de Sinaloa y del autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala, etiqueta que usan probables desertores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este individuo, ex convicto por tráfico de drogas, está considerado uno de los principales operadores al interior de la administración estatal de Machado Meza, alias “el Güero Pulseras”. Otro que aparece es Francisco Javier Orantes Abadía, ex subsecretario de seguridad estatal, sobrino del cacique cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz, quien presume ser íntimo amigo de muchos años de AMLO. La protección política que goza Orantes Abadía por la amistad presidencial de su tío, hace que sea visto como el poder real en la secretaría de Seguridad Pública estatal, donde Gabriela del Socorro Cepeda Soto aparece como titular. Conocido como “Panchito”, Orantes Abadía, de acuerdo al documento, ha sido visto en las propiedades que el jefe de CDS en Chiapas tiene en Tuxtla Gutiérrez.
La presunción de que el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar haya sido “impuesto” por el líder del CDS en el estado, se basa en que la oposición al abanderado de Morena en las pasadas elecciones fue amedrentada debido a las amenazas de muerte contra distintos candidatos. Con 18 muertos durante la precampaña y campaña, Chiapas fue el estado del país con más víctimas mortales entre los aspirantes a un puesto de elección popular, según un informe de Data Cívica.
De Ramírez Aguilar el documento registra que fue “amigo personal” del extinto Gilberto Rivera Amarillas, “el Tío Gil”, líder durante varios años del CDS en Chiapas y quien murió en prisión al ser extraditado. Ambos se conocieron en Comitán, cuando el hoy gobernador era presidente municipal.
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