Como colofón de la administración de Andrés López Obrador, quien arrinconó la política de género, mañana miércoles, cuando el Pleno del Senado de la República discuta la reforma judicial aprobada la noche del domingo en comisiones, se podría dar el golpe final a las mujeres.
Tal como está planteada pone en peligro los tímidos avances para la despenalización del aborto, sólo posible en algunos estados por sentencias de amparo en los tribunales; los avances en casos de violencia extrema o feminicidio, hoy en alto riesgo atender la violencia vicaria y la protección a madres, niños y niñas. Se tiran a la basura tres décadas de capacitación a jueces y juezas sobre perspectiva de género y encima afecta avances en la representación política.
“Las mujeres serán afectadas como todas las demás personas porque los nuevos jueces federales y locales obedecerán consignas políticas, no criterios jurídicos”, dijo a esta columna el jurista Diego Valadés Ríos, mientras se afectarán casos de divorcio, violencia, custodia de menores, que serán resueltos de acuerdo a las relaciones políticas de las partes.
Es decir, no se trata sólo de un texto que raya en la misoginia, como dice el grupo X Justicia para las mujeres, sino de una reforma planteada sin mirar a las víctimas de la violencia que deja de lado los derechos humanos consagrados en la Constitución, concluyeron 74 especialistas en la UNAM. Significativo si se piensa en las miles de madres buscadoras.
Dirán que exagero. Pero no. Hay cosas que remediar en la impartición de justicia para las mujeres, sin duda, pero no se resolverán con juzgadores improvisados, elegidos en urnas, sin criterios de capacidad, formación y empatía con la causa de las mujeres.
Aprobarla significará ensombrecer la lucha histórica por los derechos sexuales y reproductivos. El avance a cuenta gotas para descriminalizar el aborto, tras la sentencia de la Suprema Corte de 2023, frente a la resistencia de congresistas, de todos los partidos, obligó a una campaña de amparos, para hacerlas posibles. Posibles sólo vía amparo, como en Coahuila, Nayarit o Jalisco, para hablar de los casos más recientes.
Está pendiente la objeción de conciencia, porque hay diputados y diputadas federales y locales que no han actuado. Inocultable, claro, que hay decenas de jueces que no juzgan con visión de género; además de la impunidad y la corrupción, pero no se resolverá, como dice Diego Valadés, con criterios políticos y no jurídicos.
Por eso la repulsa del movimiento feminista, no oficial, a una reforma hecha desde una visión populista e irresponsable.
Conseguimos vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asuntos tan trascendentes como que cada caso de asesinato de mujeres sea juzgado como feminicidio, resultado del paradigmático caso de Mariana Lima Buendía, cuyo feminicidio que se quiso juzgar como suicidio, sólo se revirtió en la SCJN. El tesón de Irinea Buendía logró desde 2016 una resolución que abrió la puerta para que cada caso de asesinato de una mujer se juzgue como feminicidio.
Asusta por ello la eliminación de la Ley de Amparo, cuando los casos de mujeres y sus familias solo se resuelven gracias a los amparos, se teme que quedarán sumidos en el olvido en los tribunales civiles y familiares.
También quedará olvidada la reciente reforma civil que defendió la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada morenista, desparecida o enferma cuando se votó la reforma en la Cámara de Diputados; ella, defensora de la Ley Robles sobre el aborto hace 23 años. Por eso importa a las mujeres esta reforma, además del atentado que significa burlar a la República y a la división de poderes. Veremos.
Periodista, Editora de Género en la OEM, directora del portal informativo http://www//semmexico.mx
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