La pretensión de López Obrador de destruir los poderes judiciales del país -federal y locales- será contenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en última instancia. Si antes no se desmarca la presidenta virtual o la frenan el Poder Revisor de la Constitución u otros poderes -los empresariales, financieros, nacionales, o extranjeros como el TMEC, la OCDE-. Esa demolición supone una ruindad previa: darse más diputados federales de los que los electores dieron a Morena, para que le aprueben reforma en la Constitución. El agandalle de curules lo autorizará, o no, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual está dando señales de autonomía e independencia, de apego a la Constitución, en la calificación (enjuiciamiento) que viene haciendo de los procesos electorales. Esto tiene harto molesto al presidente.
Veamos escenarios probables de venganza contra la Suprema Corte de Justicia, anunciada el pasado cinco de febrero. En el supuesto de que mayorías de dos terceras partes en el Congreso de la Unión, más mayoría de congresos estatales, las validaran, queda la aduana jurisdiccional supranacional: la revisión de la reforma “neronista” a la luz de los Derechos Humanos -piedra angular del orden jurídico mexicano-, en el Sistema Interamericano del que México es parte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado la razón, en distintos casos, a jueces y magistrados que fueron cesados o destituidos sin razón, o por sinrazones ideológicas o políticas, similares a la mecánica obradorista. Ha establecido que la población americana tiene el derecho humano a la adecuada impartición de justicia, por jueces que tengan garantizadas su imparcialidad, autonomía, independencia, entre otras exigencias de desempeño del cargo. El testimonio del jurista José Ramón Cossío, exministro de nuestra Corte, como perito en análisis de reforma similar, en Paraguay, por violarse la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José y otros instrumentos internacionales (la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, de la ONU, el Código de Ética Judicial Iberoamericano), es elocuente. La CIDH seguro reiterará que es inconvencional (contrario a convenciones o tratados internacionales suscritos por México).
Las asociaciones de magistrados y jueces, de mujeres juzgadoras, de secretarios y actuarios, entre otras, denunciaron el 11 de julio, en recintos judiciales por todo el país, que durante los últimos seis años han sido víctimas de calumnias, amenazas y discursos de odio del presidente de la república. Que el despido y sustitución de ministros, magistrados y jueces que se pretende “es un acto propio de una tiranía”, “atenta contra la división de poderes y la carrera judicial”. “Es una venganza por no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes”, el ejecutivo y la 4T en el legislativo, Morena y paleros del Verde y PT. “La reforma que se pretende generará jueces sometidos a los intereses de la política. Esto destruye no solo la división de poderes, sino que desmantela el brazo más sólido y vigoroso del Estado Constitucional cuyo objeto y condición prohíbe concentrar el poder”. “Es un grave error mezclar la justicia social y política, que corresponde al Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia constitucional que corresponde al Poder Judicial de la Federación”.
La ministra presidenta, Norma Piña, también expuso en diálogos en la UNAM el retroceso que implicará en la protección de los derechos humanos, en la impartición de justicia, la incertidumbre que traerá. Elegirán a juez o magistrado no al más capacitados y preparado, sino el más popular, a quien se relacionó bien con grupos de poder, como el narcotráfico.
De aprobarse, jueces y magistrados acudirán a la Corte Interamericana. Tras varios años (quizás al final del sexenio claudista), la CIDH contendrá demolición. El Nerón mexicano, chachalaca graznando desde su mal-habido rancho “La chingada”, contemplará, feliz, el delta de sus resentimientos: un país incendiado de abusos de poder, injusticias, impunidad, corrupción, violencia, incertidumbres. México sobrevivirá.
Analista político
@jalcants
