El 9 de julio de 1988, terminé licenciatura en derecho en Universidad Lasallista Benavente. En el programa organizado, tuve el honor de hacer uso de la voz a nombre de mis compañeros de generación; dirigiéndome a los catedráticos, manifesté: “Durante 10 semestres convivimos en las aulas en donde compartieron generosamente con nosotros sus conocimientos y experiencias y con ello, nos hicieron sentir el misterio de la justicia, de modo que cumplieron de sobra su misión esencial”.
36 años después, en nuestro país se analiza una de las propuestas más complejas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Reforma al Poder Judicial de la Federación.
El Comité Nacional de Morena pretendía realizar una asamblea en cada uno de los 300 distritos federales electorales entre julio y agosto, pero ampliaron la cifra a más de 2400 asambleas dominicales. La propuesta es que sea itinerante, para poder cubrir la mayor parte de los distritos y que el pueblo entre a la discusión, no solo los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes del Consejo de la Judicatura. Hace días concluyeron en 27 estados 415 asambleas sobre la reforma al poder judicial, los próximos domingos, hasta el 11 de agosto, hablarán de otras iniciativas, como la pensión para mujeres de 60 a 64 años.
En cada una de las reuniones han participado personas a favor y en contra de dicha iniciativa. Pero lo que quiero resaltar es que Norma Piña ha aceptado ya que la reforma es necesaria y que los ministros y ella están dispuestos a dialogar. En un hecho inédito, la presidenta y los ministros han acudido a la sede del Poder Legislativo para exponer sus puntos de vista. Sabido es, que la Corte prepara una contrapropuesta de reforma tomando como eje medular las conclusiones de los 14 foros nacionales que la Corte organizó.
Los foros convocaron a más de 3200 personas, más unos 600 moderadores y relatores, mismos que documentaron más de 4500 aspectos a mejorar. Por su parte, el senador de Morena Ricardo Monreal logró precisar 40 privilegios de los ministros de la Suprema Corte de la Nación, privilegios que deben eliminarse, como los siguientes: 1. La Constitución dice que ningún servidor público debe ganar más que el presidente de la república, los ministros de la Suprema Corte reciben de 600 a 700 mil pesos mensuales 2.
Tienen servicios médicos privados, no por el IMSS ni por el ISSSTE 3. Reciben una aportación para mantenimiento de sus casas 4. Pueden cambiar camioneta blindadas cada año con cargo al erario 5. El punto más polémico es, sin duda, que los jueces, magistrados y ministros, serán electos por el pueblo. Lo cual no quiere decir que cualquier persona sin preparación podrá acceder a esos cargos, sino que deberán pasar por varios filtros y 6.
Los de Morena insisten que “con el poder de su firma conceden muchos amparos a delincuentes de cuello blanco y grandes capos”. Frente al pesimismo de quienes piensan que la reforma al poder judicial no cambiará el sistema de justicia en México, muchas personas creemos, ante la problemática que vivimos, que sería peor que las autoridades se crucen de brazos. Ya es hora que la justicia se garantice como un derecho y no solo como un privilegio para quien pueda pagarla.
Escritor y docente
