Si en algo se traduce la determinación del oficialismo para dar paso a la demolición del Poder Judicial, la supresión de los órganos autónomos y la captura del Congreso de la Unión es que con ello se inhibirá la posibilidad de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sea sujeto a rendición de cuentas. Se trata de una absolución adelantada.

En el nuevo modelo de gobernabilidad sin fisuras que parece imaginar el político tabasqueño, se evitarían nuevas oleadas de amparos contra las obras insignia del sexenio; escándalos sobre gastos desbordados, asignaciones directas y señales de una extendida corrupción, aun dentro círculo familiar del Presidente.

Es imposible no detectar en esta serie de imposiciones del tabasqueño los ecos de otros actos de autoridad animados por la exuberancia de gobernantes mexicanos que vieron cómo su control se extinguía, pero conservaron una enorme dosis de poder. Y lo usaron con dos propósitos: velar por su lugar en la historia y transferir a su relevo el costo de sus acciones.

La historia del presidencialismo mexicano es prolija en actos de autoridad desbordada en plena sucesión gubernamental. El caso más notable fue el presidente Luis Echeverría (1970-1976), cuyo manotazo reivindicatorio contra los sectores empresariales que se le opusieron se expresó en una gigantesca expropiación de tierras agrícolas en el sur de Sonora, 11 días antes de entregar el poder. José López Portillo (1976-1982) utilizó la expropiación bancaria -tres meses antes de su retiro- para exculparse de la crisis financiera y política que acompañó a su gobierno. Y marcó el derrumbe del llamado “milagro mexicano” de estabilidad.

En su momento, otros presidentes inscritos en la etapa moderna del país -hay ejemplos a lo largo de los últimos 60 años- enfrentaron por sus actos quejas de sectores agraviados, en especial clases medias y grupos empresariales. Las condiciones prevalecientes ayudaron a que se desvaneciera pronto la oposición a los caprichos y revanchas presidenciales. Pero el curso de la actual crisis podría no repetir ese patrón.

En el breve lapso de unas semanas, las voces contra la llamada Reforma Judicial incluyeron a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá; a las principales agrupaciones patronales, así como a corporaciones bancarias internacionales desde las que fluyen hacia las finanzas públicas créditos e inversiones de los que no podrá prescindir una administración que este año desató el gasto ofreciendo precisamente a los mercados globales recuperar estabilidad con un profundo recorte a partir de 2025, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con fuentes cercanas a estos reclamos contra las determinaciones del oficialismo lopezobradorista, el rechazo doméstico e internacional no dejará de crecer durante el poco más de un mes que resta al actual gobierno. Nuestro caliente verano político se extenderá más allá de la entrada del próximo sexenio.

Sin embargo, tales reclamos sólo han merecido una narrativa de desdén por parte de López Obrador y, en gran medida, de Sheinbaum Pardo. Ello parece en línea con el deterioro de la globalización y la impopularidad de los tratados internacionales de libre comercio, colocados como destinatarios del desencanto social ante las promesas incumplidas de la democracia y la economía de mercado.

Pero si falla el cálculo político de López Obrador -hasta ahora avalado por su sucesora-, los potenciales escenarios podrían incluir el congelamiento de inversiones, nacionales y extranjeras; la renovada salida de capitales; incertidumbre en la ratificación del T-MEC, y una débil participación de México en las oportunidades que ofrece el llamado nearshoring. Quizá sea un costo demasiado alto sólo para satisfacer al jefe político de la 4T.

¡Lástima grande que nada de esto se realizara! ¡Lástima que la Suprema Corte quedara pequeña ante el llamado que le hacía la historia!