Las sospechas sobre las irregularidades que siempre han acompañado la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016 ganaron un capítulo más este martes con la operación policial contra los desvíos y sobornos para la elección olímpica de la ciudad carioca.
Incluso antes de ser elegida sede, el 2 de octubre de 2009 en Copenhague, la candidatura olímpica de Río levantó recelos y dudas, tanto por la corrupción de la que Brasil no logra deshacerse como por la necesidad de organizar un evento de tal tamaño en una ciudad llena de problemas, violencia y contrastes sociales.
La popularidad mundial que tenía el entonces presidente del país Luiz Inácio Lula da Silva, una economía pujante que llegó a ser la sexta mayor del mundo, el hecho de acoger los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica y la elección, dos años antes, de Brasil como sede del Mundial de futbol de 2014 acabaron decidiendo la elección de Río.
La ciudad brasileña se impuso a Tokio, Chicago y Madrid, a la que ganó en la última ronda con contundencia: 66 votos a 32.
Según la Policía Federal, la candidatura de Río pagó al menos 2 millones de dólares a Papa Diack, hijo de Lamine Diack, entonces presidente de la Federación Internacional de Atletismo, garantizando así uno de los votos para la elección de Río como sede olímpica, en su tercer intento.
En el centro de todas las sospechas se encuentra el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) y del Comité de Organización de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman.
Según los investigadores, Nuzman de 75 años y también miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, tuvo un desempeño fundamental para vincular a empresarios, políticos y directivos del COI en la presunta trama de compra de votos para que Río se hiciera con los Juegos de 2016.
"Nuzman es elemento central que vincula a empresarios y representantes del COI", denunció la fiscal Fabiana Schneider.
Exjugador de voleibol y expresidente de la Confederación Brasileña de ese deporte (CBV), Nuzman preside el COB desde 1995 y recientemente logró, sin oposición, la reelección hasta 2020.
La compra de votos se suma a la larga lista de desvíos de dinero detectados con motivo de los Juegos Olímpicos, cuyo coste total todavía no se sabe.
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