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Al menos 25 por ciento del gas LP que es consumido en la capital del país, el Estado de México, Puebla e Hidalgo, proviene del mercado clandestino y fue robado a Pemex o a las empresas distribuidoras del energético, más aún, son empresas ilegales, en muchos casos con pipas piratas que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad y por eso hay accidentes graves, explicó Carlos Serrano, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas).
En entrevista con El Sol de México, el dirigente explicó que a nivel nacional el gas doméstico robado representa cerca de 15 por ciento del mercado; sin embargo, en el centro esta cantidad aumenta al ser una zona de alto consumo.
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El robo se fraguó en los ductos o terminales de Pemex, o fue tomado de las empresas del ramo, a las que les roban las pipas o el producto, explicó.
“Hay un daño a las finanzas públicas muy importante, el robo significa un costo anual a Pemex superior a los 30 mil millones de pesos y se necesita que se lleven a cabo diversas medidas en todos los niveles de autoridad para frenar el robo del combustible, que en los últimos dos años se incrementó en el centro del país”.
Serrano señaló que hay diversas iniciativas en el Poder Legislativo que buscan reducir el problema, pero a pesar de estos esfuerzos, los daños continúan porque existen grupos que se apoderaron del mercado negro de combustibles.
Hay organizaciones, dijo, como el Sindicato Libertad o la llamada Unión de Iztapalapa que impiden que las empresas legales operen en ciertas zonas de la Ciudad de México o del Estado de México, y que se extendieron a Hidalgo y Puebla.
De acuerdo con datos de la Amexgas, en los últimos 20 años se contabilizaron 83 mil 529 tomas clandestinas para el robo de este combustible, pero al menos 59 por ciento se crearon en los últimos tres años, lo que equivale a 49 mil tomas.
La cantidad robada es suficiente para abastecer la demanda de países como Colombia y Ecuador juntos.
Por separado, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró que el contrabando y el huachicoleo de gasolina causó una caída de 20 mil millones de pesos en la recaudación del primer trimestre de 2021.
“Tenemos problemas en el rubro de comercio exterior; tenemos un problema de contrabando fuerte de combustibles con una disminución aproximada de 20 mil millones de pesos”, informó.
De acuerdo con Buenrostro, el contrabando proviene, principalmente, de Texas, y se han registrado dos modalidades: bronco y técnico.
El contrabando bronco, detalló, consiste en introducir “a la fuerza” camiones y pipas con combustible, mientras que el contrabando técnico es aquel en donde ingresan aceites que hacen pasar por diésel y otro tipo de hidrocarburos.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma a la Ley de Hidrocarburos busca evitar el contrabando de combustible, al denunciar que muchos contratos cancelados se siguen usando de forma irregular e introducen combustible de contrabando, por lo que la iniciativa busca poner orden.
Recordó que a partir de la reforma energética se aprobaron más de mil permisos para la importación de combustibles, que representan un volumen tres veces mayor al consumo.
“Esperamos que los legisladores analicen la reforma (a la Ley de Hidrocarburos), así como los comentaristas de los medios, no hablen de expropiación, porque no es el caso”.
PIDEN ANÁLISIS A FONDO
La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) aseguró que la propuesta presidencial para modificar la Ley de Hidrocarburos es contradictoria a la Constitución en el apartado de la la participación del sector privado en la industria de petrolíferos.
Por ello, el organismo hizo un llamado a los legisladores a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, que considere los posibles efectos negativos sobre consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían dañinos para cualquier forma de competencia económica.
“Es preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio relativas a conceptos como peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, añaden.
Por separado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) pidió a los legisladores no aprobar la reforma, ya que representa un duro golpe al estado de Derecho y amenaza las inversiones presentes y futuras, no sólo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.
Con infromación de Miguel Ángel Ensástigue, Roberto Cortéz Zárate y Jacob Sánchez
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