Por crisis financiera, 14 empresas solicitan concurso mercantil

En el primer semestre del 2020, en medio de la crisis financiera provocada por la pandemia de Covid-19, 14 empresas han promovido ante juzgados federales el trámite de concurso mercantil, figura que permite a las firmas que se consideran insolventes solicitar protección ante sus acreedores para buscar una reestructura o para declarar su quiebra.

Entre las empresas que comenzaron el trámite están Fundición JV, empresa coahuilense que surte de aluminio a la industria automotriz, Banca Mifel y dos subsidiarias de Altos Hornos de México (AHMSA). De acuerdo con los registros judiciales, las compañías que han solicitado el concurso mercantil están relacionadas con el sector bancario, industrial, minero y editorial. Siete de ellas se encuentran en la etapa de visita con el objetivo de que se verifique que en realidad se encuentran en los supuestos que prevé la ley.

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La mayoría de las peticiones fueron impulsadas en juzgados de distrito de la Ciudad de México y otros en juzgados de Coahuila, Baja California, Nuevo León, Chiapas y Estado de México.

Banca Mifel presentó el 30 de enero de 2020, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, un proceso con el objeto de llegar a concurso mercantil. Actualmente se encuentra en etapa de visita.

El 8 de junio, AHMSA anunció el concurso mercantil de sus dos subsidiarias mineras para la reestructuración y estabilización de su situación operativa y financiera. Se trata de Minera del Norte y la comercializadora de carbón Corporativo Industrial Coahuila, que recibieron la protección, más no así las demás empresas del grupo.

A mediados del mes pasado junio, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila rechazó emitir medidas precautorias para AHMSA y así no cumplir con sus obligaciones de pago usando el concurso mercantil de sus dos subsidiarias mineras de carbón.

2 subsidiarias de AHMSA fueron admitidas; el juez rechazó medidas para otras empresas del grupo

Fue el juez Juan Marcos Dávila Rangel quien rechazó que, de momento, las medidas de protección contra acreedores se puedan extender a otras empresas del mismo grupo.

En el caso de Fundición JV, su proceso comenzó el 19 de junio, ante un juzgado federal para llegar a concurso mercantil. El juez admitió el recurso el 1 de julio.

Para dicha compañía, el juez dictó a su favor la prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha en que se admitió el juicio y la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos del comerciante. También decretó la prohibición a cualquier acreedor de detener o llevar a cabo cualquier tipo de ejecución en los bienes propiedad del comerciante o transmitidos mediante cualquier tipo de instrumento legal.

“Que se mantengan en posesión legítima del comerciante, mediante los cuales el comerciante realiza sus operaciones en el curso normal de sus actividades y sin los cuales, la continuidad y existencia se volvería inviable de no mantener la posesión de los bienes muebles e inmuebles en donde se realiza su actividad y que constituyen la garantía de las obligaciones con sus acreedores”. “Se suspende cualquier cláusula que prevea una terminación anticipada de los contratos que el comerciante mantiene y que incluya una terminación anticipada por el hecho de efectuar los trámites de un procedimiento de reestructura o quiebra, solicitud o demanda de concurso mercantil o de su declaración”, expone el resolutivo.

Algunos de los litigios fueron promovidos ante jueces en materia civil o mercantil con motivo de la emergencia sanitaria declarada en México luego de que el Consejo de la Judicatura Federal reanudara el pasado 6 de mayo el trámite de estos juicios que estuvo detenido desde el 18 de marzo.

La Ley de Concursos Mercantiles señala que “Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios”.

Un juez puede prohibir a la empresa que venda sus bienes, que transfiera sus recursos a terceros y designar un interventor. Además, nombra a un visitador para que revise la situación financiera.

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