GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Reducir el financiamiento público de los partidos políticos con registro en el estado de Guanajuato, impactaría en su operación ordinaria y reduciría los recursos que recibe anualmente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
➡ Suscríbete a nuestra edición digital
Durante la continuación del análisis de distintas iniciativas de reforma en materia electoral, se abrió el debate si debe o no reducirse el otorgamiento de financiamiento público estatal para los partidos políticos en un 50 por ciento, mientras que la segunda iniciativa plantea hacerlo en un 75 por ciento.
Emmanuel Jaime Barrientos, representante del Partido Acción Nacional, refirió que la reducción de recursos a los partidos políticos podría abrir la posibilidad de que en la búsqueda de presupuesto en el sector privado se obtenga un financiamiento con origen en actividades delictivas.
Te recomendamos: Ex presidente de IEEG llama a votar a todos los mexicanos
A su vez, Carolina Gasca Arriaga, representante del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) llamó a procurar que los alcances de ambas iniciativas vayan acordes con lo estipulado por las normas federales y disposiciones del sistema jurídico mexicano.
Por su parte, Enrique Orozco Mora, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, dijo que este tipo de modificaciones generan un impacto presupuestal para el IEEG, pues se reducirían los recursos que recibe.
En tanto que Alfredo Sáenz Araiza, del Instituto de Investigaciones Legislativas señaló que la primera reforma podría ser viable, mientras que la segunda podría contravenir las normas generales en la materia.
La finalidad de las diversas iniciativas de reforma es reducir los gastos de los partidos políticos en tiempos no electorales y destinar recursos a la capacitación y promoción política de las mujeres y las juventudes guanajuatenses.
Una tercera iniciativa plantea la obligación de los partidos políticos a destinar anualmente el seis por ciento de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
La representante IEEG estimó que la propuesta es adecuada y conveniente; además, va acorde con algunas entidades federativas en las que se han aumentado los recursos para tal fin. No obstante, señaló que debería armonizarse con la Ley General de Partidos, la cual estipula que el monto destinado a este fin debe ser del tres por ciento; además, recordó que hay una iniciativa similar en análisis por parte del Senado de la República.
La cuarta y última iniciativa busca que los partidos políticos a destinen un porcentaje de su financiamiento a la promoción y capacitación de las juventudes.
Daniel Alejandro Mares Sánchez, representante de Movimiento Ciudadano, expresó que las iniciativas puestas a discusión tienen una inviabilidad jurídica y son incompatibles entre sí, a razón de que hay dos iniciativas que pretenden reducir el financiamiento público de los partidos políticos de una manera arbitraria, porque no establecen criterios para la disminución y por el otro lado se pretende destinar recursos a la capacitación de un grupo en específico.
Por su parte, Vanessa Sánchez Cordero, representante del Partido Verde, consideró que las opiniones vertidas en contra de las propuestas implican una descalificación por parte de la ciudadanía por considerar que sólo se está dando una justificación para mantener el financiamiento público, tomando en cuenta que tiene la ventaja de garantizar la pluralidad y la alternancia, además, se tendría un impacto verdadero en la distribución del recurso por ser apenas el 0.20% del presupuesto del estado.
En su intervención, Edgar Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó que el cambio sugerido traería consecuencias negativas y el representante de Morena, Saúl Ramírez, refirió que la reducción del financiamiento a los institutos políticos corresponde a una visión del ejercicio de los recursos públicos basados en la eficiencia, en la racionalidad y en la austeridad.