Por mayoría los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso Local fue enviada al archivo la iniciativa de Ley de Remuneración ilícita de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios propuesta por el diputado Ernesto Prieto Gallardo para que fuera tipificada como delito, porque ya existe en el Código Penal Estatal.
A su vez, la presidenta de la comisión, Cristina Márquez Alcalá, señaló que la propuesta ya no tiene materia para ser analizada, aunque podría ser motivo de un análisis posterior una vez que corran algún otro tipo de acciones legislativas “pero en este momento la situación técnico-jurídica y legislativa que nos está impulsando a presentar el dictamen es que no tiene materia para ser analizado”.
Y es que recordó que la iniciativa está directamente enlazada a la propuesta de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado y sus Municipios que fue desechada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por su parte, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos en su intervención difirió con el legislador local “porque como bien señala el dictamen ya fue rechazada la iniciativa en cuanto al tema de remuneraciones y la propuesta está íntimamente relacionada una con la otra, no están desvinculadas”.
Aclaró “nadie estamos en contra de que alguien que se pague algo indebido tanto el que acepta una remuneración que no te toca, como quien lo autoriza, debe de estar en la cárcel, pero para eso no necesitamos esta iniciativa porque ya está considerado en nuestro Código Penal, ya está tipificado y hoy quien haga esa conducta automáticamente será sujeto a un procedimiento porque ya está considerado”.
Gutiérrez Campos refirió que se tiene la ley de enriquecimiento ilícito y el de uso ilícito de atribuciones y facultades, de hecho, le recuerdo que ya han sido públicos algunos procesos iniciados por este tipo de conductas y es de conocimientos de todos y entonces no hay necesidad de generar un nuevo delito o tipificar de otra manera porque nuestro propio Código Penal ya lo establece y quien incurra en esa conducta ilícita e inmoral debe de estar bajo proceso”.