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La Colectiva Regla Rota catalogó como un avance importante, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, declaró inconstitucional la prohibición de la interrupción del embarazo, lo que permitió que se volviera legal a nivel nacional, al garantizar el derecho a decidir de las mujeres y no se castigue a ninguna mujer o personal de salud por abortar o por asistirlo, sin embargo, se dijo que la lucha sigue hasta que se avale de manera legal y gratuita.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha despenalizado el aborto a nivel Federal en todo el país, lo que obliga a las instituciones de salud públicas federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o PEMEX, a ofrecer el servicio de forma gratuita, esta decisión representa un escalón hacia lo que es la libertad de interrumpir el embarazo y marca un precedente histórico.
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En ese sentido, la representante de la colectiva, Patricia Vega, señaló que, hasta el momento son 12 entidades federativas en México, pero, con esta resolución a nivel federal, el resto de los estados deben homologar sus códigos penales para retirar cualquier sanción relacionada con el aborto.
“Le despenalización del aborto a nivel federal es un paso importante que nos acerca a garantizar el derecho a decidir de las mujeres, nos acerca a garantizar un aborto legal y gratuito, pero no es el fin de nuestra lucha. Guanajuato, es uno de esos estados y será nuestra labor presionar y observar que se realicen dichas modificaciones en el Código Penal”, explicó.
A pesar de esta resolución, señaló que, la agenda feminista quedará completa una vez, que exista un marco legal con reglamentos para acceder a un aborto seguro, y por supuesto, gratuito.
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Esta propuesta, también implica una modificación al Código Penal Federal, para eliminar el delito de aborto, que está definido en el artículo 329 como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, y que contempla una pena de uno a tres años para los que hagan abortar a una mujer.
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