Desde hace más de 10 años, las arcas municipales continúan alimentando un auténtico "barril sin fondo", como lo calificó el alcalde César Prieto Gallardo, debido a la "estafa maestra", en donde el gobierno municipal está obligado a pagar 200 mil pesos mensuales a favor de una desarrolladora inmobiliaria llamada Dinámica del Hábitat, a consecuencia de la venta de un predio para el desarrollo de vivienda que no se logró y que por ello paga afectaciones por ese monto; hasta ahora ya se han pagado 36 millones de pesos.
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En la administración 2009-2012, el Ayuntamiento en turno vendió un terreno de cuatro hectáreas ubicado a un costado de la avenida Salamanca, cerca del puente a San Juan de Razos, al cual las autoridades, a través de un contrato, se comprometieron a proporcionar los servicios básicos, en el que se estableció que de no hacerlo, se pagarían multas a la empresa por 200 mil pesos mensuales.
A consecuencia de ello, en el periodo 2018-2021 se anunciaron algunas denuncias contra exfuncionarios municipales, al detectar un daño al patrimonio municipal, pero no procedieron las acciones legales. Además, en 2018 la empresa recibió un pago de seis millones de pesos, por no cumplir en introducir al predio los servicios comprometidos.
“Es una de las grandes estafas de administraciones pasadas, si la investigan bien, se van a dar cuenta que están involucrados personajes que en su momento fueron funcionarios, ya nos demandó una vez, se tuvo que pagar una cantidad importante, pero estamos esperando que vuelvan aplicar la misma, porque es un barril sin fondo (…) el terreno era propiedad del DIF y de manera irregular un Ayuntamiento entrega a un particular, a cambio de un predio en otro lugar, como se comprometió a dar ciertos servicios, ya fueron a juicio y han provocado que entreguemos millones de pesos, porque no se ha podido cumplir con esa situación”, explicó el alcalde César Prieto.
Ante este panorama, el municipio busca ejercer recursos jurídicos que le permitan salir de esta situación que se arrastra desde hace más de una década, ya que de no recuperar el predio, llegar a un acuerdo o cumplir con la prestación de servicios de agua, luz y drenaje, se tendrá que seguir pagando la sanción que se estableció en el convenio inicial.
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“Es un robo en despoblado y hay involucradas autoridades anteriores que aprovecharon la situación para seguir demandando, acercar los servicios ahí para beneficiar a un particular, al final no es lo correcto (…) es un tema lamentable, que también hemos estudiado esta administración; estamos buscando, porque lamentablemente de 2009 para acá ha habido algunas acciones legales que ha tenido tanto la empresa como el gobierno, donde no hubo un avance, donde al pereciera que todo iba destinado a permitir que el particular ganara al municipio, entonces estamos viendo como jurídicamente podemos defender ese caso”, concluyó el alcalde.