/ miércoles 18 de septiembre de 2024

Comunidades rechazan adherirse al organismo operador del agua en Salamanca

Introducir redes sanitarias y de distribución de agua potable requiere una inversión superior a los 20 millones de pesos

Tras un año en que se ha socializado, más del 95% de las comunidades han rechazado el proyecto de adherirse al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS). A pesar de ello, autoridades del municipio y del organismo operador buscan concretar la instalación de medidores, redes de distribución y sanitarias en más de 150 localidades en la zona rural, donde los lugareños prefieren administración autónoma y pagos anuales de entre 500 y 600 pesos por el suministro del recurso, así lo confirmó el presidente municipal César Prieto.

“Lamentablemente en las comunidades existe una cultura donde no quieren que se les ponga un medidor. Eso ha evitado que el organismo pueda crecer en comunidades grandes. Por ejemplo, en Mendoza propusimos que el organismo se hacía cargo de meter todo, agua potable, drenaje y saneamiento, y que únicamente se les iba a cobrar una parte para conectarse, se les iba a poner medidor y una tarifa muy básica. Lamentablemente, por otras condiciones, personas empezaron a señalar que era mentira, que les íbamos a subir la tarifa y que lo principal era que no querían tener medidor porque aparentemente el agua la utilizan para riego de campo y para dar a los animales, lo cual obviamente a algunos les incrementaría”, indicó el edil.

En cuanto a los beneficios del proyecto, César Prieto resaltó que el primero de ellos es mejorar sus condiciones de vida, incluso para el tema de vivienda, ya que al tener acceso a los servicios públicos en una comunidad, es más factible que el Infonavit u otras dependencias puedan otorgar créditos para la vivienda; además, en caso de fallas sería el propio organismo quien las resolvería, debido a que con una administración autónoma son los propios habitantes quienes deben cubrir los gastos de mantenimiento y reparaciones.

“Cuando se descompone la bomba, entonces el Municipio tiene que entrar en el apoyo a la ciudadanía, pero duran semanas, a veces hasta meses, y eso les implica que el Municipio tenga que llevar pipis y ellos contratar pipis privadas. Si tuvieran acceso a un sistema como el de CMAPAS, tendrían agua corriente todo el tiempo y con un flujo constante, porque luego las comunidades también seccionan debido a que el flujo no es el correcto”, añadió.

Finalmente, el mandatario salmantino reveló que más del 95% de las comunidades a las que se ha realizado la propuesta la han rechazado. Sin embargo, invitó a los pobladores a reflexionar sobre los beneficios de este proyecto, el cual, de forma autónoma, les llevaría tres o cuatro décadas por la inversión que se requiere.

“De las que no quieren y no están, yo creo que el 95%, más del 95% de comunidades… hasta este momento no le hemos hecho la propuesta a todas, se hizo a San Rafael de Cerro Gordo, Mendoza y estamos viendo en la comunidad de La Luz, que creo es más factible organizándonos que ellos quieran acceder. El costo va arriba de 20 millones de pesos, meterles toda esa infraestructura. Entonces, una comunidad de cinco mil o tres mil personas de población tardarían 30 o 40 años para tener esa ventaja”, concluyó.

Tras un año en que se ha socializado, más del 95% de las comunidades han rechazado el proyecto de adherirse al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS). A pesar de ello, autoridades del municipio y del organismo operador buscan concretar la instalación de medidores, redes de distribución y sanitarias en más de 150 localidades en la zona rural, donde los lugareños prefieren administración autónoma y pagos anuales de entre 500 y 600 pesos por el suministro del recurso, así lo confirmó el presidente municipal César Prieto.

“Lamentablemente en las comunidades existe una cultura donde no quieren que se les ponga un medidor. Eso ha evitado que el organismo pueda crecer en comunidades grandes. Por ejemplo, en Mendoza propusimos que el organismo se hacía cargo de meter todo, agua potable, drenaje y saneamiento, y que únicamente se les iba a cobrar una parte para conectarse, se les iba a poner medidor y una tarifa muy básica. Lamentablemente, por otras condiciones, personas empezaron a señalar que era mentira, que les íbamos a subir la tarifa y que lo principal era que no querían tener medidor porque aparentemente el agua la utilizan para riego de campo y para dar a los animales, lo cual obviamente a algunos les incrementaría”, indicó el edil.

En cuanto a los beneficios del proyecto, César Prieto resaltó que el primero de ellos es mejorar sus condiciones de vida, incluso para el tema de vivienda, ya que al tener acceso a los servicios públicos en una comunidad, es más factible que el Infonavit u otras dependencias puedan otorgar créditos para la vivienda; además, en caso de fallas sería el propio organismo quien las resolvería, debido a que con una administración autónoma son los propios habitantes quienes deben cubrir los gastos de mantenimiento y reparaciones.

“Cuando se descompone la bomba, entonces el Municipio tiene que entrar en el apoyo a la ciudadanía, pero duran semanas, a veces hasta meses, y eso les implica que el Municipio tenga que llevar pipis y ellos contratar pipis privadas. Si tuvieran acceso a un sistema como el de CMAPAS, tendrían agua corriente todo el tiempo y con un flujo constante, porque luego las comunidades también seccionan debido a que el flujo no es el correcto”, añadió.

Finalmente, el mandatario salmantino reveló que más del 95% de las comunidades a las que se ha realizado la propuesta la han rechazado. Sin embargo, invitó a los pobladores a reflexionar sobre los beneficios de este proyecto, el cual, de forma autónoma, les llevaría tres o cuatro décadas por la inversión que se requiere.

“De las que no quieren y no están, yo creo que el 95%, más del 95% de comunidades… hasta este momento no le hemos hecho la propuesta a todas, se hizo a San Rafael de Cerro Gordo, Mendoza y estamos viendo en la comunidad de La Luz, que creo es más factible organizándonos que ellos quieran acceder. El costo va arriba de 20 millones de pesos, meterles toda esa infraestructura. Entonces, una comunidad de cinco mil o tres mil personas de población tardarían 30 o 40 años para tener esa ventaja”, concluyó.

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