Entre los 12 cuerpos localizados este jueves se identificaron a internos y personal del centro de rehabilitación Crad, reportados como desaparecidos, informó César Prieto, presidente municipal de Salamanca.
“Al parecer sí hay una persona que fue parte del anexo, lo sustrajeron del anexo. Y de los que el día de hoy amanecieron había personas que eran de ese mismo anexo”, sostuvo.
Además, el presidente municipal reconoció que autoridades consideran que puede haber un riesgo en los anexos de una posible reacción de parte del otro grupo.
“Estamos trabajando para evitar un daño entonces también a la población”, adelantó.
El funcionario informó que al municipio llegarán elementos de la Federación para reforzar la seguridad y prevenir ataques armados a anexos, tras el ataque del pasado martes y la localización de 12 personas sin vida este jueves.
No obstante, Prieto aseguró que se trata de rencillas entre grupos, por lo que llamó a la población a seguir con sus actividades.
“Son temas de rencillas y son temas de entre grupos criminales. Ese es el asunto, se identifican como un cartel aquí de Guanajuato atacando a otras personas y es la información que tenemos", aseguró el funcionario.
Prieto aseguró que mañana viernes tendrán una reunión con autoridades municipales, estatales y federales.
"Es un tema entre grupos delictivos, la población civil no tiene nada que ver, es un tema entre ellos y la población podemos seguir haciendo las actividades de manera recurrente, yo sé que existe este temor de lo que está pasando, pero tengan la seguridad de que estamos y vamos a tener presencia en todo lo que es el municipio y las periferias”, aseguró.
Asímismo recordó que este tipo de centros no cuentan con la regulación ni medidas de higiene, prevención y atención para poder rehabilitar a personas con problemas de consumo de sustancias, por lo que más que una posibilidad de ayuda, se pueden convertir en un sitio de riesgo.
“Sabemos que hay un tema de adicciones en el estado de Guanajuato, en Salamanca en particular; tiene que venir una política de salud pública donde la Federación, el Estado y el Municipio podamos rehabilitar de manera segura y de manera profesional a las personas (…) porque lamentablemente caen en lugares donde no tienen esa seguridad y que luego lejos de ser centros de rehabilitación, terminan siendo centros de reclutamiento de grupos delictivos”, concluyó.