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La separación del cargo de funcionarios, no debe incidir en los procesos de las auditorías integrales que se realizan a las administraciones municipales de los periodos 2015-2018 y 2018-2021, fue la consideración del presidente municipal César Prieto, tras darse a conocer la renuncia de Javier Pérez Salazar como auditor superior del estado; aunque reconoció que es poco factible que se finque alguna responsabilidad por afectaciones al erario público a quienes encabezaron las respectivas gestiones.
"Lo hemos dicho anteriormente, estamos esperando que la autoridad termine su trabajo, sabemos que no es una tarea sencilla tampoco, que tiene que pasar por un proceso, pero confiamos en que la autoridad pues haga la parte que le corresponde y si hubo algún tema de desfalco, algún tema de desvíos de recursos o alguna responsabilidad que tenga que aplicarse de algún servidor público, pues que lo haga de manera legal y que los servidores públicos o administraciones pasadas que llevaron a cabo el hecho, tengan la oportunidad de brindar la información que se les requiere, todo es parte de un proceso", asentó.
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En este contexto, el edil dio a conocer que ha sido poco el avance e información que se ha proporcionado de parte de la autoridad competente, situación que lamentó pues de la primera administración en observación ya han pasado casi seis años, sobre todo porque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.
“Es un proceso que no es de un día, toma su tiempo, pero pues al final de cuentas nunca hemos visto que alguna autoridad se manifieste o imponga alguna sanción, pero esperamos que los salmantinos tengan conocimiento de lo que pasó y si hay algo que requiere aplicar alguna sanción pues que se aplique (…) no hay un avance como tal, pero estamos esperando todavía que la que la auditoría se concrete y finalice este proceso”, concluyó.
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El antecedente
En diciembre de 2021, la actual administración mandó llamar a varios ex funcionarios al haber encontrado irregularidades durante el proceso de entrega-recepción, entre ellos a ex titulares de áreas como Obras Públicas, Tesorería, Secretaría Particular, Secretaria de Ayuntamiento e incluso a la propia ex Presidenta Municipal. Posteriormente el 19 de diciembre de 2021 el Congreso autorizó la auditoría integral que fue notificada y se desarrolla para esclarecer las anomalías detectadas.
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