Irapuato, Gto. (OEM).-“Buscar no debería costarle la vida a nadie”, fueron las palabras que buscadoras mexicanas dijeron en la sesión con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
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Personas buscadoras guanajuatenses se hicieron escuchar, esta vez a nivel internacional, tras la exigencia por mejores mecanismos de protección y, sobre todo, reconocimiento como defensoras de los derechos humanos.
Y es que, sin buscarlo, sin planearlo, familias han tenido que poner su tiempo, recursos y esfuerzo en buscar a sus familiares, víctimas de desaparición forzada, algo que es una problemática muy marcada en Guanajuato, pero que se replica en todo el país, según señalaron buscadoras de otros estados en esta audiencia.
Desde 2010 han sido asesinadas más de 20 personas buscadoras, de ellas 15 de 2019 a la fecha, señaló Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
“Todos estos casos permanecen en la impunidad, estos riesgos de ninguna manera pueden ser disociados de los temas centrales de la crisis de desaparición en México”.
Explicó que desde que fueron invitados a la audiencia dos personas buscadoras fueron asesinadas en el país, además de una que fue desaparecida, esta es Lorenza Cano, caso que ocurrió en Salamanca, Guanajuato.
“Las buscadoras son personas defensoras de derechos humanos y buscan a las personas desaparecidas que nos faltan a todas y todos”.
Mecanismos deberían tener enfoque diferenciado y de género: Bibiana Mendoza
Bibiana Mendoza es buscadora del colectivo Hasta Encontrarte, en Irapuato, Guanajuato, ella busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, quien fue desaparecido el ocho de enero de 2018, tanto ella como sus compañeras de búsqueda han sufrido revictimización, misma que muchas veces las ha hecho propensas a sufrir atentados.
“A través del largo camino que ha sido buscar a mi hermano digo públicamente que a nosotras las buscadoras se nos ha negado la protección en varias ocasiones, el estado asegura que tenemos riesgo debido a nuestra condición de víctimas y no por nuestras labores de búsqueda”.
Detalló que los mecanismo de protección debe tener un enfoque diferenciado, pues los mecanismos que tienen son ineficientes, pues muchas veces los perpetradores de la agresión son las mismas autoridades, además de que dejan que nuevamente su protección quede sólo en sus manos.
“Aún viviendo con el riesgo de ser asesinadas, la respuesta de las instituciones que deberían garantizar nuestra protección fue brindarnos talleres de autocuidado, haciendo que nuestra supervivencia sea nuestra propia responsabilidad.
“Cuando hablamos de protección las buscadoras lo entendemos como el acceso a todas las garantías necesarias para poder buscar a nuestros familiares desaparecidos sin arriesgar nuestra propia existencia, lo exigimos y lo imploramos, porque el estado no lo está haciendo, por el contrario, se han estado encargando de revisar los números de personas desaparecidas sin entender que la situación del país es distinta en cada estado”.
“Estamos aquí porque nos cerraron las puertas”
Representantes del Estado Mexicano emitieron una respuesta ante las demandas expuestas por personas buscadoras en audiencia, señalaron que existen los sistemas nacionales y comisiones locales y federales, y que dentro de los mecanismos hay personas buscadoras, pues éstos están a disposición de todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que así lo soliciten.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene como objetivo garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas, en especial de los de la asistencia, protección, atención y acceso a la verdad, justicia, reparación integral y la debida diligencia acompañando a las personas afectadas para que en la medida de lo posible recuperen su proyecto de vida”, dijo Lorna Herrera, directora de área adscrita a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos por parte de la Secretaría de Gobernación.
Representantes de instancias reiteraron su compromiso y reconocieron que quedan retos por afrontar.
Por su parte, Bibiana Mendoza señaló que en el país la violencia está lejos de ser detenida, haciendo énfasis al censo realizado desde la Federación, el cual desaparece de nuevo a sus desaparecidos.
“Es absurdo que de esta manera el Estado Mexicano diga que se está buscando a nuestros familiares, cuando la realidad es que nuestro país es una fosa clandestina, claro que sabemos de protocolos y leyes porque fuimos nosotras las que los propusimos por la crisis de desaparición que se vive en nuestro país, pero esto no significa que ustedes lo están haciendo funcional pues todos los días en nuestro país desaparecen a personas mientras están militarizando”.
Explicó que las situaciones de búsqueda son diversas según el estado y deberían proteger a todos y sobre todo detener las desapariciones en el país.
“No es lo mismo buscar en Sinaloa que buscar en Guanajuato o Veracruz, el crimen opera de diferentes maneras en todo el país, y creo que debería de dar un poquito de pena al Estado Mexicano hablar de la protección porque no pueden detener las desapariciones en nuestro país”.
Impunidad y crímenes contra personas buscadoras son inaceptables
Andrea Pochak, representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), calificó como inaceptable la situación que se vive en México en cuanto a la desaparición de personas, lo cual incluye las consecuencias que personas buscadoras han tenido por buscar, así como la impunidad de estos delitos
“En México, como reconoce el estado, en múltiples ocasiones existe una crisis humanitaria de desaparición de personas, esta audiencia es un reflejo de eso y que incluso que en los 65 años de esta Comisión Interamericana no podamos ayudar a eliminar ese flagelo nos pone a todos en una situación donde todos debemos rendir explicaciones”.
Señaló que la CIDH ha recibido información sobre retrocesos en esta materia como falta de recursos, falta de implementación de leyes y de articulación entre agencias.
“Esto nos está llevando a elaborar un informe de desaparición de personas en México, una consecuencia directa de la falta de respuestas eficientes del estado es la situación de las personas buscadoras”.
Otras situaciones desde el tener que arriesgar su vida para buscar a sus familiares, que las autoridades locales no prestan atención a los riesgos que corren o que los restos que localizan vuelvan a ser desaparecidos en proceso de identificación son algunos de las situaciones en las que Andrea Pochak se manifestó en contra e invitó a las instancias correspondientes a dar datos sobre la cantidad de condenas de autores materiales e intelectuales.
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“Hay que ir también a las autorías intelectuales, cuantas investigaciones se han iniciado para esclarecer las responsabilidades judiciales por la impunidad, cuántos operadores judiciales, cuántos fiscales, cuantos jueces están siendo investigados por garantizar esta impunidad”.
