La desaparición forzada se ha convertido en uno de los delitos con más relevancia en Guanajuato en los últimos años. Carpetas de investigación, fichas de búsqueda y exigencias de presentación en vida se apilan en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).
En Salamanca, unos de los casos que mayor trascendencia mediática ha sido el caso de la buscadora salmantina Lorenza Cano Flores, privada de la libertad el pasado 15 de enero, noche en que su esposo e hijo fueron asesinados por sus captores y que hasta casi un mes después siguen surgiendo más dudas que respuestas que aporten a dar con su paradero.
Esta desaparición, se suma a la de Catalina Vargas, quién fue localizada con vida; al asesinato de Teresa Magueyal, el dos de mayo de 2023 en Celaya, y el de María Carmela Vázquez, el ocho de noviembre de 2022, en Abasolo, todas ellas madres buscadoras del estado de Guanajuato, por lo que el 19 de enero, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato solicitó al comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intervención, mediante la cual se solicitó al Gobierno de México coordinar la búsqueda en vida de Lorenza Cano, luego de que se detectó un desfase entre la privación de su libertad y la difusión de su ficha de desaparición, de acuerdo con lo que se establece en el protocolo Alba.
Posteriormente, el 22 de enero, a través de un comunicado, Israel Aguado Silva, Fiscal Regional B de la Fiscalía General del Estado, informó la ubicación y captura de José Adrián N. y José Iván N., presuntos responsables de la desaparición de Lorenza Cano y de los homicidios de su esposo e hijo, luego de los trabajos de investigación establecidos, a pesar de ello, cinco días después el juez de control liberó a los presuntos responsables bajo el argumento de que no había los elementos suficientes para ser vinculados a proceso.
Colectivos buscan Lorenza
Por su cuenta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, a lo largo de cuatro semanas, han realizado jornadas en campo para dar con el paradero de su compañera, que se unió a ellos en 2018, en busca de su hermano; como única pista de ello se informó que tras su captura, fue conducida al municipio de Villagrán; sin embargo, aún no se ha localizado. Por ello, familiares piden a la Fiscalía mayor movilidad en las carpetas de investigación o bien que no se dé carpetazo.
Una muerte en vida
Una agonía que no termina o una muerte en vida es como consideran familiares la búsqueda de un ser querido; horas, días, meses e incluso años pueden pasar en los que la agonía no termina, ni la desesperación e incertidumbre por volver a su consanguíneo. En Salamanca existen alrededor de 150 familias que integran tres colectivos dedicados a esta actividad, cuyos integrantes han sido asesinados o desaparecidos; los casos más recientes luego de dos años y casi un mes respectivamente continúan más llenos de dudas que respuestas.
Los convenios
En marzo de 2022, autoridades estatales y de los 46 municipios firmaron el convenio de Coordinación para la Creación y Operación de Grupos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mismos que establecen atribuciones y obligaciones a los municipios, a los que se dará seguimiento de parte de la Secretaría, en materia de capacitación con la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda de Víctimas y organismos internacionales, ya que en el estado se encuentran 23 colectivos de búsqueda, más buscadoras independientes.
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