El contralor municipal, José Antonio Gutiérrez Serrano, informó que durante 2022 se interpusieron 33 denuncias dirigidas a ex regidores y funcionarios de la administración encabezada por Beatriz Hernández Cruz, por diversos motivos entre los que destaca extravío de archivos.
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En ese sentido, Gutiérrez Serrano, dentro de esas denuncias, una iba dirigida a ex integrantes del honorable ayuntamiento, una por pérdida de archivo ante la contraloría municipal, una a la Dirección General de Recursos Humanos de la administración pasada, cuatro procedimientos en contra de la Tesorería, tres al área de Ordenamiento Territorial por permisos de uso de suelo, cuatro al área de Movilidad, una por un pago de un acuerdo reparatorio de pase, una al Instituto Municipal de la Mujer, nueve por comisiones en la declaración patrimonial, se inició también un proceso en contra de SAPASVA, tres a Servicios Públicos Municipales y dos a Seguridad Pública.
“En estos casos fue ante quien resulte responsable, porque no sabemos si en el lapso de administraciones pasadas hubo una denuncia por el mismo tema, no tenemos bien identificados qué funcionarios no son los que tienen algún tipo de responsabilidad sobre el tema, ya será la autoridad competente la que supervise o revisa esta situación”, explicó.
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En el caso del extravío de archivos, el contralor municipal, señaló que desde su llegada al órgano autónomo el 13 de enero del 2022, se identificaron algunas anomalías en la entrega-recepción que se realizó como el que no se entregaron el total del estatus de algunos asuntos de la Contraloría, motivo por el cual, se inició un procedimiento de observación y un inicio de responsabilidades para tratar de recuperar ese rubro que era el tema de archivo y al no haber una respuesta positiva, se inició una denuncia ante el Ministerio Público por el extravío de archivo.
En lo que respecta a 2023, durante el primer semestre del año se efectuaron 147 denuncias, de las cuales, una va al área de Control vVehicular, tres de Tesorería, un proceso por pago de despido injustificado, 10 seguimientos de la Auditoría Superior del Estado (ASEA), dos procesos en contra de CMAPAS, dos en contra de Ordenamiento Territorial, cinco de Seguridad Pública, una de Ecoparque, una en el área de delegados, cinco en el área de contrataciones, uno por el código de ética, tres en Tránsito, dos de Servicios Públicos, un proceso de Secretaría Particular y 108 omisiones por la declaración patrimonial, de esta última se remitieron 11 informes por presunta responsabilidad administrativa en el área, se enviaron al Tribunal de Justicia cinco procedimientos de responsabilidad administrativa; dos por competencia de autoridad y se emitieron dos recomendaciones en el órgano de control interno, además, se concluyeron tres investigaciones por desistimiento del denunciante.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones estos procesos se cierran por falta de elementos, seguimiento y a otros, se les va dando continuidad hasta concluir, ya sea, con una sanción firme, la reparación del daño o por el cierre por falta de elementos.