GUANAJUATO, Gto; La orden de desalojo de más de 400 familias asentadas en presa de Guanajuato, alertó a sus habitantes quienes está mañana se negaban a dejar sus viviendas.

Lo anterior se trató de una confusión aseguró el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zarate quien dijo que luego de la intervención del municipio, se acreditó la propiedad.

Fue cerca del mediodía cuando la actuaría del Poder Judicial en compañía de al menos 30 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado arribaron a la zona antes mencionada con la orden de desalojo de las familias asentadas de manera irregular.

Al revisar los afectados la orden de desalojo aseguraban no coincidía el predio descrito con el que actualmente están asentadas cientos de familias.

Luego de un diálogo y revisión de los títulos de propiedad que el municipio acreditó se detuvo la orden de desalojo.

Sin embargo, la incertidumbre de pérdida de patrimonio de las familias cuevanenses se mantiene en alerta constante.

Al respecto el funcionario municipal explicó que la invasión que se tiene en la zona corresponde a un predio de propiedad municipal, quien además ha entablado comunicación con las familias para regularizar su situación patrimonial.

"El compromiso es regularizar, primero con la entrega de cambio de uso de suelo y posterior la regularización a través de las escrituras donde por medio de créditos blandos, ellos puedan convertirse en legítimos propietarios de esos lotes. Lo que ocurrió es que personas líderes de manera engañosa les han vendido, han hecho ventas y dobles ventas con la mentira de regularizar sus predios", detalló.

Delgado Zarate refirió que la confusión se originó por la pugna entre miembros de la asociación quienes reclaman recursos y pretendía de manera legal el desalojo de las familias.

No obstante, afirmó que al ser un predio legalmente del municipio, el particular no puede ejercer acción legal sobre un bien inmueble.

"La demanda que ganó es por un tena de dinero contra una asociación constituida ahí al interior, pero es un tema de dinero que nada tiene que ver con los terrenos (...) luego de que el municipio presentó los documentos correspondientes, el desalojo se para porque no hay una manera de proceder y ahora habrá habrá acreditar ante el juzgado quién es el legitimo propietario y eso es lo que hará y seguirá haciendo el municipio", subrayó.