Aunque existen temas que ameritan mayor urgencia en su atención como la seguridad y la salud públicas, el trato igualitario a grupos vulnerables como el que integran las personas con alguna discapacidad, particularmente en el área motriz, es un asunto que no se debe postergar.

El director del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Juego y Desarrollo”, Gilberto Chávez González, informó que de acuerdo a los datos del 2020 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el municipio existen casi 14 mil personas con alguna discapacidad.

De acuerdo a las cifras un 28.2% de la población en el país tiene algún tipo de discapacidad, de las cuales la más alta se registró en la población mayor de 60 años con un 20.4%; el 3.9, personas de entre 30 y 59 años; el 1.9, personas entre 18 y 29 años y el 2% de cero a 17 años.

La promoción de una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos sobre las características y condiciones de las personas con discapacidad en las últimas décadas.

Gran parte de este sector vulnerable lo conforman la población con dificultad para caminar, moverse, subir o bajar lo que implica que los desarrollos urbanísticos deficientes impacten directamente en su calidad de vida, dijo.

Expresó que en el Centro de Atención Múltiple, de las 14 mil personas con algún tipo de discapacidad se atienden casi mil en el sistema de educación especial.

Afirmó que gran parte de la población, particularmente la que enfrenta dificultad para caminar, moverse y subir o bajar de un sitio a otro tiene que enfrentar el problema de la falta de cumplimiento de la normativa para el desarrollo urbano de la ciudad.

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Sin embargo aclaró que este es un problema que se ha venido arrastrando desde hace varias administraciones públicas y no es un problema exclusivo de la ciudad, sino de muchas partes en el país.

Ahora, agregó, lo que debe considerarse es una mayor exigencia de parte de las autoridades municipales para que el ordenamiento territorial y urbano se dé manera armónica y de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad.