Faltó consenso para una Reforma Electoral efectiva para el estado

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- No se tuvo la capacidad para consensar una efectiva reforma electoral para el estado de Guanajuato en el Congreso Local, coincidieron los diputados del PRI, Yulma Rocha Aguilar y Gerardo Fernández González, del Partido Verde, durante el apartado de asuntos generales de la Diputación Permanente.

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Por separado, la legisladora priísta recordó que el pasado 25 de mayo se aprobó en menos de una semana y vulnerando totalmente el proceso legislativo tradicional en este Congreso, una iniciativa que impactó la ley electoral local que fue presentada por el Grupo Parlamentario del PAN y tres diputados del PRI.

“Lamentablemente no se tuvo la capacidad de construir una verdadera reforma electoral consensuada con todas las fuerzas políticas”, lamento Yulma Rocha Aguilar.

Dijo que, aunque parecía una iniciativa ostentosa porque impactaba cerca de 80 artículos, “la realidad es que su contenido era poco trascendental, era prácticamente una homologación del plan B electoral, el plan B de Morena, el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue declarado invalido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que prácticamente se reflejó en esta iniciativa”.

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Cuestionó que el dictamen aprobado contenía una serie de errores y omisiones que se intentó arreglar en la Comisión de Asuntos Electorales y en el Pleno lo que evidenció que ese documento ni siquiera lo elaboraron en este Poder Legislativo, sino en otro lado.

De igual forma, comentó que ella había dicho que el documento podría ser impugnado y así fue, el Partido Morena presentó una acción inconstitucional y es analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rocha Aguilar dijo que lamentablemente no se tuvo la capacidad de construir una verdadera reforma electoral consensuada con todas las fuerzas políticas.

La legisladora local también lamentó que se haya agotado el tiempo para aprobar las reformas electorales, y acusó que el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, se comprometió a que una vez que se aprobara el cambio de fecha del inicio del proceso electoral, se iba a analizar y dictaminar el resto de las iniciativas que estaban pendientes, “sin embargo mintieron”.

“No se legisló por falta de tiempo y por falta de oportunidad, sino por falta de voluntad y porque no quisieron, dejaron pasar el tiempo a propósito para no hacer una verdadera reforma electoral para que contribuyera al fortalecimiento de nuestras instituciones electorales, actuaron en función de intereses y cálculos políticos particularmente de Acción Nacional y al que el PRI, mi partido se prestó”, puntualizó.

Fueron alrededor de 20 las iniciativas que no fueron dictaminadas por la falta de voluntad del grupo mayoritario.

Finalmente, tajante explicó “es mi responsabilidad como integrante de este Congreso expresar estas reflexiones; mi compromiso con la ciudadanía y con la congruencia me obligan a apartarme de la posición que ha asumido quienes dicen representar a mi partido en Guanajuato, un partido, el PRI, que debería ser constructor de la democracia y garantizar la pluralidad política”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Gerardo Fernández González coincidió que la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato no llegó a un consenso entre las fuerzas políticas por la falta de un dictamen que conllevara al perfeccionamiento de la ley electoral local.

“Llegó la fecha fatal y no hubo definición, no hay un trabajo conjunto que permita el perfeccionamiento de nuestra ley electoral, no hubo dictamen y la soberbia del grupo mayoritario y sus pugnas partidistas tienen a los tres poderes del estado en pauta”, mencionó.

Finalmente, el legislador señaló que algunos de los temas que quedaron empantanados fueron la armonización de los conceptos de violencia política, las definiciones de actos anticipados de campaña y de precampaña, las propuestas de acciones afirmativas a favor de los grupos en condición de vulnerabilidad o históricamente discriminados, entre otros.