Funcionarios públicos de Salamanca deben responder por daño al patrimonio que causó la separación del cargo del excontralor

Luego de que el tribunal de justicia administrativa determinó que hubo abuso de autoridad en torno a la separación del cargo de Miguel Cordero Saucedo como Contralor durante el periodo 2018-2021, el presidente César Prieto anunció que, se ejercerán los recursos legales para que los involucrados reparen el daño que causó el pago de salarios caídos y liquidación del exfuncionario al patrimonio municipal tras 19 meses de litigio.

"Ya hubo una sentencia al parecer, sí están determinando que se hizo un abuso de poder, un abuso autoridad, por lo tanto este no fue correcta la separación del cargo del anterior Contralor, lo cual obviamente va a derivar en en alguna posible sanción administrativa o más bien ya está la sanción administrativa de porque un daño patrimonial en ese sentido por el pago que al final demandó el excontralor y que al final el municipio tuvo que erogar para el pago de la sentencia", indicó.
En este sentido, el mandatario salmantino recordó que en su administración recayó la responsabilidad de realizar el pago, por lo que se ejercerán los recursos legales para que los involucrados respondan por el daño patrimonial que causaron al separar independiente del cargo al entonces Contralor Municipal.

"Nos tocó a nosotros el pago, pero obviamente pues se va a seguir un proceso por el daño patrimonial y en el caso estaremos informando lo correspondiente, si hubo alguna omisión, alguna este situación donde algún regidor o miembro del anterior Ayuntamiento o servidor público, participen en el tema de la remediación de reparación del daño (...) en este caso serían también los anteriores miembros del Ayuntamiento que votaron a favor de la separación del cargo del excontralor", adelantó.
En contexto
A inicios del 2020, el Contralor en turno Miguel Cordero Saucedo, fue despedido injustificadamente luego de que denunció irregularidades en la administración de Beatriz Hernández Cruz, entre ellas, la compra de 22 mil luminarias por más de 40 millones de pesos a una empresa de celulares en 2019, así como la renta y compra de vehículos blindados. Derivado de esto, Cordero Saucedo fue víctima de acoso laboral e incluso, a su domicilio acudieron personas desconocidas a disparar en contra del vehículo oficial a su cargo; para luego ser denunciado penalmente por el síndico José Luis Montoya Vargas, por el supuesto abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, robo calificado y abuso de confianza.

Ante ello, tramitó un amparo e inició un proceso ante el tribunal de justicia administrativa por la votación que encabezó la Presidenta Municipal y su Ayuntamiento para destituirlo, pues se determinó que quienes votaron a favor fueron cómplices del delito de abuso de autoridad.
Cuando la administración de Beatriz Hernández, concluyó el nuevo Gobierno de César Prieto retomó el tema y tras 19 meses de litigio, el tema se resolvió a favor de Cordero Saucedo y el Municipio tuvo que pagar los salarios caídos, además de una indemnización, por un monto aproximado a un millón de pesos.
A pesar de ello, el proceso legal continuó ahora en contra de los involucrados en el despido injustificado, Hernández Cruz, fue vinculada a proceso con la carpeta de investigación 136669/ 2019 de Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, proceso que también se sometió la extitular de Recursos Humanos.

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