Irapuato, Gto (OEM - Informex).- Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de la organización Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, dio a conocer que el Juzgado Noveno del Décimo Sexto Circuito les otorgó la primera suspensión provisional a su favor, con el objetivo de que se declare inconstitucional el decreto mediante el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); dijo que tienen confianza en que en una segunda instancia obtengan el fallo a favor.
En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Joan Ochoa Sada explicó que en todo el país fueron interpuestos 53 amparos colectivos contra el decreto por el que incorporan a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de los cuales el primero que fue radicado en Irapuato y la Jueza Novena de Distrito les otorgó la suspensión del decreto.
Aseguró que no están en contra de las Fuerzas Armada y lo que se busca con los amparos es impedir que en la parte administrativa la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena, ya que con ello se daría paso a la militarización del país.
"Empezamos a promover amparos a nivel nacional, siendo que ahorita todavía estamos interponiéndolos, porque se nos vence hasta el 24 de octubre; el primer amparo que metimos fue uno en Irapuato y la Jueza Novena de Distrito de Irapuato nos otorgó la suspensión de este decreto, esta suspensión tiene un efecto muy importante, porque es muy raro que un juez otorgue una suspensión por un tema de interés social".
Joan Ochoa Sada destacó que los amparos surgieron luego de que el pasado nueve de septiembre fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las leyes orgánicas de la administración pública federal y las modificaciones en las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, en donde sacaron de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Guardia Nacional.
Dijo que es complicado que las policías municipales puedan solas hacer frente a la delincuencia organizada y en ocasiones solicitan el apoyo a las Fuerzas Armadas; sin embargo, manifestó que están en contra de que se legalice la seguridad pública de forma militar.
"Estamos en contra de que se legalice la seguridad pública de manera militar, una cosa es que se pida un auxilio y otra cosa es que de manera legal ya puedan hacer esta tarea sin que haya un órgano fiscalizador al respecto".
La resolución del amparo establece que todas las autoridades involucradas deberán de acatar la resolución, incluida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la cual no deberá atender el tema de transferir recursos a la Seretaría de la Defensa Nacional para la militarización.
Además, se destaca en la resolución que si no se cumple con la suspensión ordenada en el amparo se tendrá una multa equivalente a cien unidades de medida, que sería unos nueve mil 622 pesos, además de una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días de destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, tal como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo.
Joan Ochoa Sada explicó que no es la primera vez que manifiestan esta postura en contra de la militarización del país, pues incluso desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, específicamente en 2018, también se opusieron a que la Secretaría de la Defensa Nacional estuviera en las calles del país.
Incluso, así lo dejaron radicado en su comunicado que publicaron a través de sus redes sociales la tarde del jueves, en donde informaron este primer amparo que ganaron y del que a partir de ahora se espera que en cascada los otros 52 que hay pendientes puedan de igual manera ser procedentes.
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“Estas organizaciones que representamos se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (Enrique Peña Nieto 2018), Acuerdos militares para Efectos de Seguridad Pública (AMLO 2020) y seguiremos insistiendo que la militarización de la Seguridad Pública en el país no es la solución, sino que debe de acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil. Sin más por el momento, protestamos enérgicamente, hasta que este tema se resuelva” (sic), decía el pronunciamiento dado a conocer.
Las organizaciones civiles que junto con los irapuatenses que integran Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos han interpuesto amparos hasta ahora son Unión Cívica 1 País, la firma jurídica AC&AC Asociados, Tojil Eeek y algunas personas que participaron de manera individual en este amparo colectivo.
Anteriormente, Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos ya habían radicado amparos en contra de medidas federales en el actual sexenio, como fue el que manifestaba su oposición en contra de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y donde el propio activista irapuatense Joan Antonio Ochoa Sada quien tramitó dicho amparo y donde tras éste llegaron 26 más de guanajuatenses y que al final fueron un factor para que ello no prosperara, por considerarse violatorio a los derechos humanos de los usuarios de este servicio.
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