Irapuato, Gto. (OEM Informex).- En el estado hay al menos 500 centros de rehabilitación que operan sin las certificaciones pertinentes y sólo alrededor de 45 estarían funcionando con sus requisitos de manera correcta para poder dar un buen servicio.
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En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que en el estado los anexos irregulares se han vuelto una constante que va a la alza, por lo cual aseguró que éste es un tema preocupante dentro de la entidad, lo cual se suma al sinnúmero de situaciones que se han presentado en municipios como Irapuato, León, Celaya y más recientemente el municipio de Comonfort, en donde se han dado hechos que van desde venta de drogas, secuestros e incluso, asesinatos.
Nicolás Pérez Ponce resaltó que entre la ciudadanía hay preocupación por la falta de atención a las adicciones y la violencia en Guanajuato, señalando que las autoridades han ignorado las sugerencias de los guanajuatenses ante esta situación en el estado.
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Detalló que han sido reiteradas las situaciones en las que se les ha pedido a las autoridades de los tres niveles de gobierno en poner los ojos a estos centros para regularizarlos y así velar por la vida de los internos y que éstos puedan tener un espacio para ser rehabilitados.
“Lamentablemente las autoridades han dejado que esto crezca, por ejemplo, ya se tienen detectados casos en donde ya empezaron desde todo el corredor a cobrar pisos a los comerciantes y porque se ha dejado que crezca todo esto, porque no han tenido el valor de frenar esto, mejor entre nosotros estamos viendo cómo solucionar esto, que las autoridades y lo mismo ha pasado con otros temas”, dijo.
El presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío explicó que se busca detener el incremento de estos centros, pues calificó como lugares peligrosos para las personas que acuden a rehabilitarse.
Reiteró que es urgente detener la proliferación de estos centros de rehabilitación “patitos”, pues aseguró que de nada sirve una estrategia preventiva, si no hay un corte de tajo desde los primeros causantes.
Y es que para el 2020, sólo había registrados al menos 300anexos irregulares, mientras que para el 2022 ya se tenía una cuenta de al menos 600.
“Hay proyectos que tienen, como el del Planet Youth, para la prevención, que puede ser muy bueno, pero de nada va a servir si no se deja de pensar sólo en la prevención, porque dónde dejan a aquéllos que ya la probaron (la droga), los que son adictos, para ellos no hay una estrategia, para ellos qué, si son ellos los que ya están enfermos y los que contaminan a los demás”, dijo.
Además, dijo que no hay operativos de revisión exhaustiva que no sea la revisión del uso de suelo, pero nada de lo que sucede adentro es tocado por las autoridades, desde maltratos hasta incluso las cuotas que se establecen.
“Es un tema pendiente y una deuda con la sociedad que ve en estos lugares una esperanza, pero desgraciadamente por anexos no regulados, se cree que todos son así y lo ideal es que dejen operar sólo a aquellos que sí cumplen”.
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