Hasta 12 años de cárcel, a funcionarios corruptos

GUANAJUATO, Gto; Ahora todo aquél servidor público que cometa actos de corrupción, se le aplicarán penas que van hasta los 12 años de cárcel e inclusive además se establecen destituciones e inhabilitaciones de hasta 20 años, dio a conocer la diputada local Libia Denisse García Muñoz Ledo, al subir a la tribuna donde fue aprobado posteriormente la reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato.

El objetivo es armonizar la legislación local en materia penal con las previsiones de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, en materia de delitos por hechos de corrupción.

“Se busca sancionar a los servidores públicos y también a los particulares que participen de este círculo vicioso de la corrupción”, expresó.

Y fue enfática al afirmar “queremos que la corrupción sea un acto de alto riesgo, que se acabe para siempre y por ello se incorporan nuevos tipos penales como el ejercicio ilícito del servicio público, el uso ilícito de atribuciones y facultades o la afectación del servicio público”.

Esta pena va de uno a diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación no exceda de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado.

Se establecieron reglas comunes para las sanciones de destitución e inhabilitación para quienes cometan delitos por hechos de corrupción.

Ahora todo aquél servidor público que cometa actos de corrupción, se le aplicarán penas que van hasta los 12 años de cárcel y hasta inhabilitación por hasta 20 años. / Foto: Crescencio Torres / El Sol de Irapuato

“Queremos que la honestidad sea el sello característico de los gobiernos en todos los ámbitos y niveles” precisó García Muñoz Ledo.

Finalmente manifestó “queremos mandar un mensaje muy claro a los ciudadanos, que en esta legislatura hemos trabajado fuerte en el combate a la corrupción y a la impunidad”.

A su vez, la diputada Guadalupe Velázquez Díaz refirió que con esta reforma se decidió agrupar en el Título Segundo “de los delitos por hechos de corrupción” los siguientes delitos: cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, y afectación del servicio público.

Mientras que en el Tercer Título “de los delitos contra la administración pública”, se agruparon los delitos de abandono de funciones públicas, falsedad ante una autoridad, variación de nombre o domicilio, desobediencia, resistencia y exigencia de particulares, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, quebrantamiento de sellos, afectación al ordenamiento territorial y desaparición forzada de personas.