LEÓN, GTO.- A inicio de semana, el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre mencionaba que para combatir a los grupos delictivos, era necesario congelar sus cuentas bancarias. Sin embargo, este paso requería agilizar la entrega de información financiera del inculpado, algo que tardaba hasta un mes en obtenerse. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la facultad para que autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin autorización judicial.

“La criminalidad organizada se soporta en esquemas financieros de distinta índole. Ellos tienen una capacidad de manejo de recursos que a veces rebasan al propio, estado, rebasan a las instituciones públicas”, argumentó el doctor Carbonell en su visita a León.

El libre congelamiento de cuentas para las autoridades federales debió habilitarse desde hace tiempo. Pero el debate de si atenta o no contra la privacidad bancaria, apenas vio la luz este 10 de mayo y hasta este martes 11, la SCJN determinó que, “el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, desproporcional, y tampoco vulnera el derecho a la vida privada”.

En su visita a León, como parte de la conferencia “Un juez, una jueza en tu vida”, en la que la SCJN tiene como objetivo desglosar en cada uno de los 32 estados la labor que se lleva a cabo en el Poder Judicial Federal, al que erróneamente se le atribuyen fallas, deficiencias, corruptelas fiscales, ministerios públicos y poderes judiciales locales, el doctor Miguel Carbonell explicó en exclusiva a Organización Editorial Mexicana, la importancia de cerrarle la llave a los criminales y como la SCJN declaró como no afectación de la vida privada el artículo que avala la inspección sin órdenes judiciales.

“El martes 10 de mayo de la Corte resolvió un tema de acceso al secreto bancario, etc., sobre si tiene que ser con autorización judicial y revisión judicial o lo pueden hacer las propias autoridades administrativas, como una Fiscalía o la UIF a nivel federal. Ese es un debate que, desde mi punto de vista sigue abierto y hay que tener muchísimo cuidado”, señaló.

La recomendación del especialista, es recurrir siempre a la orden judicial para no cometer abusos derivados de un congelamiento arbitrario, y que podría involucrar y afectar personas inocentes. “Lo ideal es que esas medidas, que son medidas contundentes, medidas fuertes, se tomen siempre con orden judicial. Que no sea una autoridad administrativa y aunque se tarde más, pero que vaya todo bien revisado”, apuntó.

El ex miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, informó que la Convención de Palermo de 1992, de la que México forma parte, determinó que es importante pegarle a la delincuencia organizada en donde más les duele, que es el dinero. Sin embargo, él recomienda que para mayor seguridad la orden judicial siempre este de por medio en cualquier congelamiento de cuentas.

“Las determinaciones de congelación de cuentas de la UIF, aproximadamente el 70% son rechazadas cuando se impugnan con un juicio de amparo, solamente se sostiene el 30%. Pero ese 70% que su cuenta dure congelada un mes o dos meses, ya le afectó. Ese es el riesgo más importante”, detalló el doctor en derecho.

LO QUE DIJO ZAMARRIPA

A partir de la difusión de este comunicado, el Fiscal de Guanajuato, ya no tendrá como pretexto la falta de legislación para asegurar cuentas bancarias a la delincuencia. Y es que, al término de la reunión que sostuvo con diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y legisladores de los Grupos Parlamentarios del Estado, el Fiscal General señaló que sí sería importante poder obtener una mayor agilidad en la entrega de información respecto a la situación financiera, de tipo bursátil, bancaria, del orden fiscal o tributario, que permitiría contar con insumos de información y así abonar mucho a la investigación.

En esa atención a medios, el fiscal lamentó que el retraso en la emisión de la información implicaba un serie de pasos tortuosos para poder esclarecer un delito, “si alguien ingresó a su cuenta una cantidad de dinero ilícita procedencia, y si nosotros pedimos información a la Comisión Nacional Bancaria, y nosotros agilizamos de una manera clara previo a la autorización de la parte jurisdiccional, la tendremos por muy inmediato, en un mes”. Mismo que podría sumar otro mes, en el caso de que el dinero haya sido difuminado con ayuda de otras cuentas.