Ante la opacidad y falta de investigación diligente de parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), se ha estigmatizado que cualquier acción o actividad de búsqueda, supone un riesgo para las madres que integran los 24 colectivos en el estado, cuando en realidad ello depende de variables de cada colectivo, de cada municipio y actividad, así lo estableció Raymundo Sandoval, representarte de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
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“Desde la documentación de los primeros asesinatos en Guanajuato pudimos darnos cuenta que hay mucho miedo de que estén asesinando a las buscadoras, y de que al no quedar claro cuál es el móvil del asesinato y con la opacidad y con la falta de investigación diligente de parte de la Fiscalía, se sospecha que cualquier acción relacionada con la búsqueda, pudiera generar un riesgo cuando en realidad depende mucho de variables de cada colectivo, de cada municipio y actividad que son diferenciadas y no tienen que ver con todas las actividades de búsqueda”, asentó el representante.
En torno al hecho más reciente, la Plataforma por la Paz y la Justicia solicitó acciones urgentes ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, una comunicación con el gobierno de México para coordinar la búsqueda de Lorenza, buscadora desaparecida en Salamanca la noche del pasado 15 de enero, aunado al asesinato de madres buscadoras en el estado.
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“Ha habido cinco personas buscadoras asesinadas, en 2020 Rosario Zavala Aguilar, en 2021 Javier Barajas y Ulises Cardona, en 2022 Carmela Vázquez y en 2023 Teresa Magueyal, son las cinco personas buscadoras asesinadas, al menos en los casos documentados por la plataforma, entiendo que hay un sexto caso en Pénjamo, pero que la familia no hizo público propiamente el asesinato y que bueno, nosotros no lo tenemos documentado y no podemos dar cuenta directamente de él”, contextualizó.
Hechos dolosos
El delito de homicidio se incrementó un 10% en Salamanca al terminar el 2023, así lo marca el Semáforo Delictivo de Guanajuato, en sus estadística; a lo largo del año se abrieron 190 carpetas de investigación por este delito, 27 más que el que las generadas en 2022.
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