El presidente municipal, César Prieto, informó que aún no se tiene un avance respecto a los señalamientos realizados ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), sobre las irregularidades en el manejo de hasta 200 millones de pesos de recursos públicos en el periodo 2018-2021.
Durante el proceso de entrega-recepción se detectaron daños al erario público por más de 200 millones de pesos, irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario, adquisición de uniformes, luminarias por adjudicación directa, así como el entorpecimiento en las investigaciones que llevaba a cabo la Contraloría, la renta y compra de vehículos blindados y renta de armamento por mencionar algunas.
“Ya de la auditoría que se había hecho de las luminarias y la camioneta, ya en la Fiscalía parece que ya tienen conocimiento, y están haciendo las indagatorias para ver si hay algún tema que se pueda vinculara proceso, que se pueda fincar alguna responsabilidad”, externó el edil.
En este sentido, el mandatario salmantino refirió que no busca perjudicar a nadie, aunque es muy lenta la justicia y se busca que si hubo o no desvío de recursos públicos, de ser así que se deslinden las responsabilidades correspondientes, sobre si existe riesgo de que prescriban los delitos, declaró el alcalde que esto se encentra en proceso, pero espera un resultado antes de que eso suceda. “A mí sí me preocupa porque ya va mucho tiempo, desde la administración, incluso desde la administración anterior a la encabezada por Antonio Arredondo, también tenía una auditoría y aquí parece que tarda mucho”.
De igual manera puntualizó que no será tapadera e hizo énfasis en que se cumplió en tiempo y forma con hacer observaciones y entregar a las autoridades, incluso dijo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), tiene conocimiento de la auditoría de las irregularidades detectadas en la compra millonaria de miles de luminarias, en caso de que se pudiera vincular a proceso.
“Desafortunadamente aquí es muy lenta la justicia, justicia no el ánimo de perjudicar a alguien simple y sencillamente que se aclare que si hubo o no hubo desvío de recursos públicos, y en el caso de que haya habido que se les finque responsabilidades al servidor público que haya cometido esa situación”, concluyó.
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