A casi tres meses de que se conformó la Comisión Tarifaria Mixta continúan sin definirse acciones al incremento arbitrario a la tarifa del transporte colectivo de dos pesos desde febrero de 2021, debido a que también la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, así como la dirección general de Movilidad, analizan el tema tarifario y la posible nueva alza, sin haber atendido debidamente la violación al reglamento de Movilidad y Transporte Público.
Derivado de ello, los usuarios del servicio de transporte colectivo en su modalidad urbano y suburbano, por más de 16 meses han pagado una tarifa irregular de 10 pesos, misma que fue reconocida por la autoridad, sin embargo, se informó que sería a través de la comisión Tarifaria, la encargada de dar seguimiento y determinar las acciones para evitar afectaciones a los usuarios, pero a tres meses de su conformación no se han registrado avances.
Lo anterior, luego de haberse conformado la comisión en el marco de décimo segunda sesión ordinaria del Ayuntamiento, en el mes de marzo.
Por su parte, concesionarios del transporte público en Salamanca refirieron que en base a un acuerdo fuera de la ley (apalabrado y no aprobado por el Ayuntamiento), se permitiría aumentar dos pesos la tarifa urbana, para pasar de ocho a los 10 pesos, esto a consecuencia de la pandemia y las afectaciones que trajo a todos los sectores productivos y de servicios, sin que esta situación fuese regulada sin importar que se presentaron cinco reportes a la dirección de Transporte en el periodo de marzo a octubre de 2021.
➡ Suscríbete a nuestra edición digital
Al respecto, el artículo 42 del Reglamento de Movilidad y Transporte Público de Personas en sus Modalidades de Urbano y Suburbano; refiere que los derechos de concesión podrán suspenderse por vehículo o ruta, en caso de incumplir los compromisos contraídos con las autoridades de la materia en los acuerdos tarifarios y modernización o cualquier otro, incluso por acumular más de cinco sanciones cual fuera por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y demás disposiciones contenidas en la ley o sus reglamentos, así como en el título de concesión, mismo que no se ha aplicado a ninguna de las 10 líneas de transporte en las que operan las más de 430 unidades que prestan el servicio.