Por violencia, cierran 10 anexos de Salamanca

El ataque armado perpetrado contra el centro de rehabilitación Crad, ocurrido el pasado primero de octubre en el municipio de Salamanca y que dejó como saldo cinco personas sin vida, desencadenó el cierre de al menos 10 centros de rehabilitación que operaban en la ciudad.

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Al respecto, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que los centros de rehabilitación, conocidos también como anexos, son un blanco fácil para la delincuencia y a pesar de que han alertado sobre esta situación, no han recibido un apoyo real por parte de las autoridades estatales y federales.

En entrevista con El Sol de Salamanca, Nicolá Pérez Ponce reveló que algunos de los cuerpos encontrados sin vida la mañana del pasado tres de octubre eran de los internos del anexo atacado, mientras que otros permanecen en calidad de desaparecidos, por lo que urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer una política pública para atender a personas con problemas de consumo de sustancias, ya que al menos en Guanajuato a través de su organización se atiende a 17 mil personas.

“Ya han cerrado algunos, por situaciones personales tuvieron que cerrar, ahorita tenemos ubicados como unos 10, a partir del atentado que hubo en el centro de rehabilitación de Salamanca, algunos (internos) fueron de los que encontraron de los cuerpos, otros todavía estamos esperando a ver qué pasa, unos se escaparon, pero hasta el momento no hemos sabido nada de manera oficial”, indicó.

Anexos son importantes

Ante este panorama, el presidente de CRUB destacó que a través del funcionamiento de los centros de rehabilitación se contribuye a contener problemáticas asociadas a la salud pública, así como de violencia, al atender a las personas que ingresan por problemas con el consumo de sustancias.

“Es muy importante que estos lugares estén abiertos, porque estos lugares apoyan mucho a la población, tanto en el tema de salud, como en el tema de la violencia, porque nosotros en el estado trabajamos con más de 17 mil personas, con ello le estamos ahorrando al estado de tres a cuatro delitos que se comenten por consumo de sustancias”, puntualizó.

Respecto a la naturaleza de los cierres, a pesar de no descartar alguna situación relacionada con amenazas, recordó que tras el ataque en el que murieron 27 personas al interior de un anexo en Irapuato en 2020, algunos centros comenzaron a recibir amenazas, producto de personas que querían aprovecharse de la situación.

“De los de nosotros no han recibido amenaza, pero al parecer hay otros centros que ya están pasando esta situación, igual nosotros queremos pensar que es algún oportunista que está aprovechándose de la situación, todavía no tenemos nada en concreto, porque nos pasó lo mismo en Irapuato, cuando pasó lo de Irapuato vinieron las amenazas, al final de cuentas nos dimos cuentas que era gente que se quería aprovechar del momento”, concluyó.

Cero tolerancia a funcionamiento irregular de anexos

A pesar de que el presidente municipal César Prieto celebró que haya representantes de estos establecimientos que están interesados en regularizarse, advirtió que en aquellos que no cuenten con los permisos necesarios para operar, no habrá tolerancia, por lo que se mantiene continúa la invitación para que los establecimientos se regularicen y las familias tengan certeza de los lugares a donde llevan a sus hijos.

“Muchos de los lugares donde se da supuestamente este tipo de apoyo a las personas que tienen alguna adicción no cumplen con los requisitos, las medidas de seguridad, de higiene que demandan las normas oficiales mexicanas y el tema de aquí de Protección Civil y de uso de suelo, vamos a seguir atentos a eso a través del área responsable y también vamos a acompañarlos con lo que es Seguridad Pública, Guardia Nacional y el Ejército para estar dando atención a estos lugares”.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de políticas públicas dirigidas en materia de salud, para apoyar a jóvenes con algún tipo de adicción.

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“Es urgente una política de salud pública donde las instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal nos pongamos de acuerdo para darle a la ciudadanía espacios dignos donde puedan rehabilitarse”, estableció.