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A pesar de la disposición para cumplir con los requerimientos de prevención, salud, seguridad e higiene de anexos; Nicolás Pérez Ponce presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), acusó a las instancias gubernamentales Municipales y Estatales, han aletargado los procedimientos para poner en orden los permisos que necesitan para poder operar bajo la norma NOM-028-SSA2-2009, estipulada para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, que se pueden atender en un periodo de nos más de ocho días.
Dentro de los trámites requeridos para su funcionamiento está el permiso de uso de suelo, el cual conlleva a otros trámites, como el plan interno de Protección Civil, que lo tiene que elaborar un consultor externo tanto de la instancia que lo solicita, como la que lo requiere, los cuales se ha buscado regularizar durante los últimos tres años.
“Una ley nos ampara de que lo podemos elaborar nosotros mismos pero del Municipio nos exigen que sea externo, el consultor nos cobra arriba de 12 mil pesos, pero nosotros trabajamos con personas en situación de calle, de esas personas que asesinaron en el centro de rehabilitación tenían esa condición, no quieren ver que nosotros estamos haciendo un trabajo que a ellos les corresponde, en verdad que no les interesa, si ellos quisieran en ocho días dan los vistos buenos, pero ya llevamos tres años y medio de puras largas y burocracia”, acusó.
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En cuanto a los acercamientos que quedaron pendientes con las diferentes instancias de Gobierno, Nicolás Pérez declaró que como organización están cansados de entablar mesas de trabajo de las que al final de cuentas no se cumplen con los acuerdos establecidos, lo que revela una falta de voluntad o miedo de parte de las autoridades para atender el tema.
“A nosotros nos interesa que se pongan a trabajar, hemos tenido acuerdos pero no se han ejecutado, pero que nos ganamos si no hay una iniciativa, tal vez por miedo (…) esta situación se les advirtió desde hace tres años y medio, y viene algo peor ya hubo otro ataque en San Miguel de Allende (…) esto viene desde el Estado, igual cuando paso esta situación en Salamanca nos mandaron llamar del Estado, solicitamos una reunión con Libia y lo que hicieron ellos fue que supuestamente nos iban a sentar con algunos Alcaldes, pero no se le dio salida”, asentó.
En cuanto a la regulación Municipal, el representante del CRUB indicó que los operativos de seguridad en los anexos no se han realizado, debido a que desde hace más de un mes las autoridades no han podido el sustento jurídico para desarrollarlos.
“Es una situación que nos suena a pretexto, según el Secretario de Ayuntamiento están elaborando un plan para los operativos que apenas está en lo jurídico, pero ya del ataque pasó más de un mes y aún no pueden o no han querido brindar la seguridad que hemos pedido incluso, desde antes del ataque el pasado 1 de octubre”, concluyó.
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