Ante las irregularidades detectadas en las administraciones de Antonio Arredondo y Beatriz Hernández, el alcalde Cesar Prieto Gallardo, señaló que los responsables deberán ser castigados, pues no tienen derecho a quitarle a una ciudad la aspiración de mejorar y quién se haya equivocado o haya traicionado a los ciudadanos deberá de responder.
La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, (ASEG), concluyó que durante el gobierno de Beatriz Hernández, fue irregular el procedimiento de adquisición de luminarias y el arrendamiento de la camioneta blindada, lo que supone un daño al erario por casi 42 millones de pesos por las luminarias, y un millón y medio por el contrato de la camioneta blindada.
En este mismo contexto diputados del Partido Verde, solicitaron la práctica de una auditoría integral a dicha administración ,pues según los legisladores otras inconsistencias que deben ser aclaradas son los contratos entregados mediante adjudicación directa, sin justificación y fundamento; irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario; adquisición de uniformes sin previo procedimiento; entorpecimiento en las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría Municipal para revisar los procedimientos de adquisición, así como despido injustificado de algunos servidores públicos.
Respecto a las irregularidades de Antonio Arredondo, el alcalde Prieto Gallardo señaló que el caso también se encuentra en manos del Poder Superior del Estado de Guanajuato “me parece que en este caso sí habido algunos avances, se ha mandado llamar a funcionarios del Gobierno Municipal a la misma fiscalía para poder determinar alguna responsabilidad tanto penal, administrativas y civil y confío en qué las autoridades tanto en el tema de la administración pasada como antepasada hagan justicia, para que quede vigente la idea de que quién llega aquí, llega a servir” detalló.
La Auditoría Superior de Guanajuato ASEG, investiga a Antonio Arredondo alcalde en el periodo 2015-2018 por irregularidades en por lo menos 65 compras y contrataciones y por 184 millones de pesos por inconsistencias en contratos otorgados por él.
“No tienen derecho de quitarle a una ciudad la aspiración de mejorar, quién se haya equivocado y haya traicionado a los ciudadanos tiene que responder y si es pagando lo que se llevaron, o si es del tema penal pues tendrán que hacerlo y que quede claro que el que venga después de mí, que yo también y que los funcionarios municipales tenga muy claro que el que llegue a servirse del recurso público de mala manera o ilegalmente habrá una consecuencia” finalizó el presidente municipal.