Revertir la militarización, a favor de la seguridad

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Fortalecer el presupuesto y la autonomía de las instituciones de seguridad pública, combatir al crimen organizado, revertir la militarización y fortalecer el control de armas, son algunas de las propuestas que la organización Causa en Común dio a conocer para construir un México con seguridad y justicia, mismas que se centran en la defensa de las instituciones y en la implementación de mejores políticas públicas.

INSTITUCIONES

En primera instancia, la organización propone el fortalecimiento del presupuesto y la autonomía de las instituciones de seguridad pública, también considera importante reforzar los mecanismos de la organización interna y de distribución de los recursos del Poder Judicial.

Recuperar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dotarla de atribuciones que le permitan emitir resoluciones vinculantes, así como asignar presupuesto y medios técnicos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización.

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Dar seguimiento al Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales, definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación.

Con respecto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, propone recuperar el control en los penales por parte del estado, mediante trabajo de inteligencia, operativos policiales y un programa emergente que permita reconstruir el sistema, sobre premisas esenciales de orden, justicia, dignidad y reinserción social.

Promover la creación de lineamientos para que la federación y las entidades federativas cumplan, en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de radiocomunicaciones.

POLÍTICAS PÚBLICAS

De igual forma, propone la implementación de mejores políticas públicas, empezando con el combate al crimen organizado a través de la integración de una estrategia de combate frontal al crimen en coordinación y corresponsabilidad con autoridades de los tres ámbitos de gobierno, además de fortalecer las capacidades institucionales para dar seguimiento a los flujos irregulares de dinero y judicializar casos de financiamientos ilícitos.

También propone revertir el tema de la militarización y cumplir con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 en el sentido de que la Guardia Nacional sea una corporación civil y evitar, por tanto, que se integre legal y estructuralmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

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Revertir la ampliación del plazo contemplado para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, realizar una revisión crítica de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley Orgánica de la Armada de México, para precisar y acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz.

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Asimismo, proponen fortalecer el control de armas a través de reglamentos, procedimientos y registros administrativos para un correcto control en la distribución y portación, fortalecer el control de armas en las fronteras, establecer con Estados Unidos bases de datos sobre exportación e importación de armas.

Establecer mecanismos de supervisión de los grupos o individuos que participan en la fabricación, comercio, traslado y posesión de armas a fin de conocer su uso y ubicación, evaluar de manera periódica las licencias de posesión de armas a fin de conocer su uso y ubicación y dar seguimiento al inventario de arsenales de las corporaciones de seguridad.

En cuanto al tema de drogas, proponen despenalizar el cultivo, la producción, comercialización y consumo de drogas, implementar programas integrales de disuasión y consumo responsable desde un enfoque de salud y educación y recuperar los recursos presupuestales destinados a servicios médicos para el tratamiento de adicciones.

Sobre la migración, propone establecer sistemas de protección humanitaria y cumplir los acuerdos internacionales en materia de migración, facilitar trámites migratorios como pueden ser visas humanitarias para las personas que son víctimas de persecución y visas temporales para trabajadores e integrar medidas de rescate prioritario para menores de edad que viajan sin compañía, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables.

En cuanto a la prevención y pacificación, proponen implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desarrollar un sistema de información para la detección temprana y la atención oportuna de factores de riesgo frente a la violencia y la delincuencia.

Diseñar campañas para revertir la normalización de las violencias y promover la construcción de proyectos de vida que no impliquen prácticas violentas, ni delictivas, diseñar campañas de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos, además de desarrollar una política integral de atención a la salud mental.