Luego de que habitantes del residencial San Miguel exigieran al municipio hacerse cargo de dicho fraccionamiento, ante las precarias condiciones de las líneas de drenaje, agua potable y las irregularidades en el manejo y aumento de cuotas de mantenimiento; el alcalde Cesar Prieto Gallardo dijo que estarán revisando el tema legal y la situación jurídica del fraccionamiento ya que el problema persiste desde administraciones anteriores.
En este sentido, el alcalde informó que después de platicar con los habitantes de la colonia, quienes están molestos por la manera arbitraria en la que el fraccionador está aumentando las cuotas y les está impidiendo el acceso si no pagan lo correspondiente, además de ser amenazados con el corte de agua, ya se encuentran revisando el caso.
“Estamos revisando el tema legal, cual es la situación jurídica en la que se encuentra el fraccionamiento y en dado caso nosotros como autoridad actuar para que se solucione este problema social que se está dando con los vecinos(…)vamos a tener nuevamente una reunión el día martes donde ya llevaremos más documentación, ellos también nos van a proporcionar datos para encontrar una solución y lo que queremos es tener bien la información respecto a lo que pasó en las administraciones anteriores, si hubo algún dolo o error por parte del ayuntamiento anterior porque al final de cuentas estamos obligados a responder” señaló el alcalde.
Fue este viernes cuando cerca de 30 habitantes de dicho fraccionamiento se manifestaron en las puertas de presidencia municipal para exigir que el municipio se encargue de la administración del residencial, ubicado a un costado de la carretera estatal Salamanca-La Ordeña, en las cercanías de la comunidad Oteros.
Los afectados señalaron que ya son ocho años con esta situación que no han podido regularizar, por lo que le exigieron a la presidencia se haga cargo del fraccionamiento ya que existe un acta de donación de áreas verdes desde el 2005, donde la administración de Genaro Carreño aceptó las áreas de donación, pero desconocen porqué el municipio no quiere hacerse cargo o reconocer el fraccionamiento que, aclararon, no está constituido en tierras ejidales.