A finales de 2021, durante la sexta sesión ordinaria el Ayuntamiento, se dio a conocer las irregularidades por más de 200 millones de pesos por parte de la administración 2018-2021 encabezada por Beatriz Hernández Cruz y derivado de esto se aprobó enviar el informe al Congreso del Estado para su revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que a su vez también investiga al ex presidente municipal, Antonio Arredondo, por irregularidades en por lo menos 65 compras, contrataciones e inconsistencias en contratos por 184 millones de pesos.
Posterior a ello, en junio de 2022, el Municipio fue notificado sobre el inicio de la auditoría integral, a través de la cual se establecieron las investigaciones a las irregularidades detectadas en ambas administraciones, de las cuales a casi dos años aún no hay resultados de ninguna.
“Todo está todavía judicializado, algunos temas están en la Fiscalía, ahora sí que duermen el sueño de los justos, esperemos que pronto se pueda definir y ver si hubo alguna responsabilidad, tampoco es causar un mal a nadie, ni decir que todo fue malo, si hubo alguna responsabilidad de algún servidor público y está detectada, que cumplan con la ley”, confirmó el presidente municipal César Prieto.
Entre las irregularidades detectadas se encontró la renta de maquinaria en el relleno sanitario, la adquisición de uniformes, luminarias por adjudicación directa; entorpecimiento en investigaciones de la Contraloría, la renta y compra de vehículos blindados y renta de armamento, por mencionar algunas.
El desglose
Para anteriores administraciones, la renta de maquinaria y de camiones recolectores de basura representaron un gasto de más de tres millones de pesos mensuales, en seguridad privada para la exalcaldesa y su familia pagaron 18 millones 510 mil pesos, tres millones 936 mil pesos por renta de armas para escoltas y seis millones 312 mil pesos por la renta y compra de la camioneta blindada; aunado el contrato de renta de telefonía y equipo de telecomunicaciones, por tres millones de pesos anuales.
En este contexto, la Auditoría Superior del Estado, concluyó que durante la gestión anterior, fue irregular el procedimiento de adquisición de luminarias y el arrendamiento de la camioneta blindada, lo que supone un daño al erario por casi 42 millones de pesos.
Niega afectaciones y daños al erario público
En torno a la auditoría, Beatriz Hernández Cruz, declaró que las 33 observaciones que se realizaron del trienio fueron debidamente contestadas para ser solventadas, además de que afirmó que no existió daño patrimonial luego del presunto desvío de recursos. “Lo que les quiero decir con toda claridad es que no tengo ningún problema de desvío de recursos, que sigo viviendo en Salamanca, que puedo estar tranquila y que realmente no existe ningún problema en la administración que tuve el honor de presidir”, asentó.
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