GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Posibles desvío de recursos públicos y manipulación del presupuesto sin consentimiento del Ayuntamiento 2018-2021 y pagos de servicios privados de funcionarios y familiares con recursos del erario, son algunas de las irregularidades y supuestos actos de corrupción detectados en la administración de Salamanca que encabezó Beatriz Hernández Cruz.
Lo anterior se desprende del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local, que dio pie a que primero en esta instancia y luego en el Pleno, se aprobara la realización de la auditoría integral, luego de los resultados arrojados en las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, (ASEG) a anteriores auditorías a esta administración.
Como se recordará, en la última sesión ordinaria del Congreso, fue aprobado hacer una auditoría integral a dicha gestión encabezada por la Morenista, Hernández Cruz, a petición de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
En la previa se había solicitado la realización de una auditoría concomitante para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, (ASEG), la ejecutara, para revisar el procedimiento de adjudicación que culminó con el contrato C-RM-15/2019 de fecha15 de marzo de 2019 y su adendum de fecha 19 de marzo, para el suministro e instalación de 22 mil luminarias de tecnología LED en dicho municipio, así como el contrato de arrendamiento de un vehículo de motor.
La auditoría concluyó que fue irregular todo el procedimiento bajo el cual se renovaron las luminarias y arrendamiento de una camioneta blindada para la entonces presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, lo que supone un daño al erario por casi 42 millones de pesos por el contrato de luminarias, y un millón y medio por el contrato de la camioneta blindada.
Por todo ello, los dos diputados del Partido Verde solicitaron en su momento la práctica de una auditoría integral a dicha administración del período 2018-2021.
Otras inconsistencias que deben ser aclaradas, según los legisladores de esta Bancada son los contratos entregados mediante adjudicación directa, sin justificación y fundamento; irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario; adquisición de uniformes sin previo procedimiento; entorpecimiento en las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría Municipal para revisar los procedimientos de adquisición.
Además, despido arbitrario de servidores públicos que llevaban a cabo investigaciones para detectar posibles actos de corrupción; intimidación de servidores públicos para que no cumplan con sus funciones; obra pública inconclusa y pagada, y obra pública de calidad no acorde con el contrato con un exceso de pago.
Además, omisiones y abandono de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieran causado un daño al patrimonio del municipio.