La falta de atención y apoyos dirigidos a los hijos de personas víctimas de la violencia en el estado, se ha convertido en el precursor de una problemática circular que atenta contra las niñas niños y jóvenes, así lo consideró José Gutiérrez Cruz representante del colectivo Sembrando Comunidad, tras señalar su vulnerabilidad de convertirse en presas fáciles para ser reclutados por los grupos criminales y pandillas.
"Debido a la necesidad y del sentido de pertenencia (los hijos de víctimas), se vuelven presas faciles de los grupos de delincuencia organizada, para las pandillas, de los cuales tenemos muchos problemas aquí en Guanajuato; sino atendemos a los hijos de las víctimas de la violencia estamos condenados a lo que estamos condenados, a sufrir más violencia, si nosotros queremos tener una política de prevención y poder parar y atender la raíz de la violencia, tenemos que empezar por aquellos niños que ya sufrieron los estragos de la violencia", estableció.
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En este contexto, Gutiérrez Cruz señaló que debido al asesinato o desaparición forzada de personas, el núcleo familiar de sus hijos se ve destruido ya que generalmente al quedar huérfanos en caso de ser varios menores se ven en la necesidad de ser separados para quedar al cuidado de otros familiares.
"Al ser distintos niños, son distintas realidades, pero uno de los problemas más graves es el cambio de contexto familiar, por ejemplo si son muchos hermanitos a veces los terminan separando, porque la abuelita niños puede mantener a todos, entonces unos se van con las tías, tíos, se rompe el núcleo familiar, en la mayoría de los casos se quedan a cargo de las abuelitas que reciben a lo mejor una pensión de adulto mayor y con eso ellas sobreviven, pero ahora con ese dinero debe mantener a tres o cuatro niños, ese es el gran problema", indicó.
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En cuanto a los programas de asistencia social, el representante del colectivo Sembrando Comunidad, dijo en 2023 se superó el presupuesto establecido, debido al cúmulo de necesidades en este sector, para el cual esperaban un aumento, sin embargo se estableció el mismo que se rebasó el ejercicio pasado.
"El año pasado el presupuesto para la Comisión fueron 50 millones, se terminaron gastando 100 millones, para este año lo lógico sería que el presupuesto sería 100 millones y les volvieron a dar nuevamente 50, porque en las reglas de operación en el artículo 47, pusieron que los apoyos de alimentación solamente van a ser por seis meses y los van a recortar, lo que nos obligó a nosotros a presentar un amparo en contra de la Comisión y las reglas de operación de la Comisión están suspendidas para las personas que forman parte de nuestra asociación, a esos niveles tienen que llegar las víctimas para que el Estado les reconozca y les haga valer sus derechos", concluyó.
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