Este proceso electoral ha sido el más violento de la historia del país, ya que, hasta abril pasado, se han registrado 305 casos de agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares; y la muerte de 93 políticos en tan sólo 8 meses, de acuerdo con el cuarto informe sobre violencia política en México presentado porla consultora Etellekt.
“En el caso de las mujeres, la violencia política es particularmente cruda ya que afecta gravemente su inserción a la vida pública del país. Del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de 2018 han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24) aspirantes y candidatas”, de acuerdo con un documento del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). Aunque habría de sumar el asesinato de Alicia Díaz en Monterrey ocurrido en días pasados.
La violencia política “ha ascendido a niveles inaceptables en México. No es únicamente violencia política psicológica y verbal, que refuerza estereotipos de género, sino también amenazas, agresiones físicas y hasta muerte”, señaló el ILSB al ejemplificar que la candidata a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes, ha denunciado su caso por difamación y esterotipación, o Susana Harp, candidata al Senado en Oaxaca y Patricia Azcagorta Vega, candidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora.
El caso más grave, señala el ILSB, “de este tipo de violencia política o difamación es también a la que ha sido sujeta Nestora Salgado, en la que el candidato de la Coalición Todos por México a la Presidencia ha reforzado la idea de que la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia (PT-PES-Morena)es secuestradora a pesar de haber sido absuelta de los cargos y existir un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que concluye que el Estado mexicano violó flagrantemente sus derechos humanos”.
Además, la candidata “es de origen indígena y es mujer. La magnificación del caso por el candidato presidencial y el partido político al que pertenece, cuestiona los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la libre determinación y a sus propias formas de gobierno y pone el lente sobre la difamación y la impunidad en nuestro país. La situación se agrava porque las mujeres indígenas tienen pocos espacios de acceso al poder, peor aún, si han sido luchadoras sociales”, señaló Ana Joaquina Ruiz, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Ruiz explicó que este hecho es relevante “porque al permitir que se utilicen estereotipos de género en el espacio público, se refuerza en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres, particularmente indígenas, no pueden acceder al poder. Refuerza la idea de que no es su espacio.
Por último, el ILSB dijo“no se trata de garantizar sólo la vida y la integridad física de las personas, sino de garantizar nuestro lugar en el espacio público. ¿Cómo podemos pedirles a las mujeres que accedan a sus espacios, si, en pleno siglo XX siguen teniendo que arrebatarlos? Urgen garantías para el ejercicio de los derechos políticos de las candidatas”.
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