La extinta Procuraduría General de la República (PGR) investigó a Juan Carlos Tapia Vargas, propietario de Construcciones Industriales Tapia (CITapia) y uno de los empresarios hidalguenses más prominentes, por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Al seguir el rastro de la manguera de hule sobre el terreno baldío a 300 metros de la toma clandestina pudimos apreciar, que se introduce a la empresa Construcciones Industriales Tapia por debajo de una barda trasera que delimita dicha empresa”, revela la carpeta de investigación a la cual tuvo acceso El Sol de México.
Víctor Villafaña Baltazar y David Hernández Pedraza, agentes de la Policía Federal, contaron a Jannete Sánchez Arce, titular de la Agencia Segunda Investigadora Tula de la PGR (ahora Fiscalía General de la República), que detectaron la toma clandestina, cuando hacían un viaje de rutina el pasado 10 de marzo de 2017 en su patrulla del Grupo Antiasaltos por la calle Tula en el Parque Industrial de Atitalaquia, Hidalgo.
De inmediato Víctor Hugo Garduño Vera avisó al personal de Seguridad Física de Pemex para que revisaran la toma clandestina encontrada en el terreno propiedad de Juan Carlos Tapia Vargas, con la finalidad de prevenir algún riesgo para la comunidad, señalan la documentación.
Un día después, la agente del Ministerio Público de la Federación ordenó el cateo del inmueble propiedad de Construcciones Industriales Tapia, así como su resguardado por agentes de la policía para que no sacaran las vigas de acero usadas para la fabricación de estructuras energética, petroquímica y cemento.
“El inmueble ubicado en la comunidad de El Cardonal, municipio de Atitalaquia, es propiedad Juan Carlos Tapia Vargas, (y fue) adquirido mediante contrato de compra-venta a Alfredo Moreno Reyes y Liliana Mendoza Resendiz el 17 de abril de 2012”, declaró Aurelio de Freitas Barros, apoderado legal de Construcciones Industriales Tapia.
“El inmueble objeto de la diligencia de cateo y donde se encontró la derivación de la toma clandestina se encontraba en arrendamiento con la señora Josefina Cervantes Rosales”, expresó ante el Ministerio Público.
El abogado de Juan Carlos Tapia Vargas argumentó durante la investigación, y de acuerdo con la carpeta de investigación, que el contrato de arrendamiento del predio fue firmado por un año para que sirviera como pensión de vehículos pesados durante toda la noche.
Durante el día el inmueble, donde se encontró la derivación de la toma clandestina, era ocupado por la empresa Construcciones Industriales Tapia para guardar material como estructuras metálicas.
De Freitas Barros agregó que Ramón Hernández Mercado trabajaba como guardia de seguridad del inmueble, el día en que se localizó la derivación conectada a la toma clandestina.
CITapia vende estructuras de acero, tanques de almacenamiento, tubería y recubrimientos anticorrosivos para las refinerías, plantas petroquímicas, plataformas marinas, así como para la industria cementera y alimenticia.
La empresa de Juan Carlos Tapia ha realizado proyectos para clientes en Europa, Sudamérica y Estados Unidos y tiene planeado abrir oficinas en Houston.
Entre sus sus clientes figuran Pemex, CFE, ICA Fluor, Industrial Dragados, Tecnimont, Samsung, Praxair, Isolux, Abener, Industria del Hierro, Saipem, así como Constructora Norberto Odebrecht.
El 27 de marzo de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht subcontrató a la empresa de Juan Carlos Tapia Vargas para que realizara servicios de terracería, acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.
La constructora hidalguense recibió una compensación de 331 millones 479 mil pesos por los trabajos en la refinería de Tula.
Odebrecht entregó otro subcontrato por 296 millones 782 mil pesos a CITapia para que prestara servicios de movimiento de tierra y construcción de barda perimetral lado sur para el proyecto de construcción de accesos para el aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.
La constructora brasileña dio por terminado de manera anticipada el contrato con Construcciones Industriales Tapia, el cual fue suscrito el 21 de diciembre de 2015.
El 5 de junio del 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una multa de 206 millones 686 mil pesos a Construcciones Industriales Tapia por presentar información falsa para obtener beneficio de un contrato con Pemex Refinación.
“Construcciones Industriales Tapia presentó documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja”, dijo la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
También, la compañía del empresario hidalguense fue inhabilitada por dos años y seises meses, según el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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