Alfredo Castillo Cervantes, uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, fue inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años, luego de omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y la de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
A través de un comunicado, la dependencia especificó que detectó que el exfuncionario “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”, mismos en los que se desempeñó como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
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“Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada. Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222”, informó la entidad federal.
Alfredo Castillo Cervantes, abogado, politólogo y economista, con especialidad en Administración Estatal y Municipal por la Universidad Iberoamericana, es familiar de Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, y primo de Raúl Cervantes, exsenador y exprocurador General de la República. Inició su carrera pública en el año 2002 como asesor de Rafael Macedo de la Concha, titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Ocho años después, cuando era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, conoció a Peña Nieto cuando éste era gobernador del Estado de México.
Castillo Cervantes participó en la investigación de la niña Paulette Gebara Farah en 2010. Al décimo día de su desaparición, su cuerpo apareció en su recámara a pesar de que al lugar entraron más de 200 personas entre parientes, agentes judiciales, medios de comunicación y perros entrenados para localizar personas extraviadas, sin que nadie la viera.
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Si bien la investigación fue encabezada por Alberto Bazbaz, titular de la Procuraduría mexiquense, fue Castillo uno de los primeros funcionarios en entrar a la habitación de Paulette Gebara y también en ratificar la versión oficial de que murió asfixiada con sus propias sábanas. Tras la investigación Bazbaz fue cesado de su cargo por Peña Nieto.
Castillo, en cambio, fue ascendido a procurador estatal y ratificado en su cargo tiempo después por el nuevo gobernador Eruviel Ávila. Dejó la procuraduría mexiquense en 2012 para integrarse al equipo del ya presidente electo Peña Nieto, quien lo nombró subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo en la PGR. Ahí logró que un juez ordenara la detención y posterior encarcelamiento de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
Posteriormente quedó al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y meses más tarde, en enero de 2014, llegó a Michoacán como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral con el objetivo de controlar la violencia desatada en el estado por el crimen organizado y el surgimiento de grupos de autodefensa. Diversos testimonios, entre ellos el del finado José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas, señalaron a Castillo como un colaborador de grupos criminales.
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A pesar de los constantes señalamientos, fue removido hasta un año después, luego de que el 6 de enero de 2015, policías federales ejecutaron a 16 pobladores del municipio de Apatzingán. La versión oficial narrada por Castillo fue de un enfrentamiento con un saldo de ocho muertos “por fuego amigo” y un atropellado.
Su historia, sin embargo, fue desmentida un par de meses después por una investigación periodística que reveló que la Policía Federal en realidad disparó contra un centenar de personas inermes o armadas en su mayoría con palos. Posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobó las ejecuciones extrajudiciales y emitió una recomendación para castigar a los responsables. Tras mantener un perfil bajo algunos meses, el 16 de abril de 2015 Castillo llegó a la Conade, donde recibió diversas críticas por no ser atleta ni tener experiencia previa en el ramo.
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Su administración quedó marcada por los constantes conflictos con presidentes de federaciones como la de tiro con arco, remo, atletismo y luchas asociadas, a quienes buscó destituir del cargo bajo acusaciones de corrupción.
Estos pleitos terminaron afectando a los deportistas, quienes se quejaron del poco apoyo, además de malos resultados en las competencias internacionales.
Otro escándalo ocurrió en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Mientras que varios deportistas denunciaron que sus entrenadores no recibieron acreditaciones, la novia de Castillo sí fue registrada. Cuando terminó el mandato de Peña, Castillo se apartó de la vida pública.
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