Un juez de Control concedió la prisión domiciliaria al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en la acusación en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados al caso Ayotzinapa.
El fallo del juez de momento no se traduce en que el exfuncionario federal, conocido como el artifice de la llamada “verdad histórica”, regrese a su casa, pues permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un segundo proceso.
En dicha acusación Murillo Karam es señalado de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, en relación también con el caso Ayotzinapa y específicamente por presuntamente permitir la tortura y desaparición forzada de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, quien originalmente fue señalado de formar parte de Guerreros Unidos, pero que hoy está absuelto.
El exprocurador sólo podrá regresar a su casa si obtiene un cambio en la medida cautelar en este segundo proceso que tiene abierto en su contra, mientras seguirá en la Torre Médica del Penal de Tepepan.
Sin embargo, este fallo genera un precedente, ya que durante la audiencia el juzgador reconoció que Jesús Murillo Karam presenta un delicado estado de salud, por lo que no representa riesgo de fuga.
De tal manera fue que le concedió el cambio de medida cautelar, ordenándole el porte de un brazalete electrónico, pese a la negativa de la Fiscalía General de la República.
La defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado José Javier López García, solicitó el cambio de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria por sus constantes problemas de salud y que hoy lo mantienen internado en Tepepan y no en el Reclusorio Norte.
Ante el riesgo de que sufra “daño permanente o fatal” la familia y sus abogados han insistido en que Murillo Karam pueda regresar a su casa en las Lomas de Chapultepec mientras continúan los procesos en su contra.
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En el caso del primero, será en enero de 2024 cuando Murillo Karam enfrente una nueva audiencia en donde la Fiscalía lo formalizará la acusación de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, por los cuales ya adelantó que solicitará 82 años de prisión.
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