La ONU, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron por ampliar el debate y evitar la normalización del Ejército en acciones de seguridad pública.
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, recomendó que en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se inicie un regreso gradual de los militares a sus cuarteles y se emprendan políticas públicas que abonen en la prevención y no en la represión.
Amnistía Internacional llamó al Senado de la República a rechazar la Ley de Seguridad Interior.
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, externó un “día de retroceso para los derechos humanos”.
Consideró que esta ley normaliza la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la Ley de Seguridad Interior en los términos que se plantea, mezcla las concepciones entre Seguridad Nacional y Seguridad Interna, además de favorecer el “uso discrecional de las Fuerzas Armadas” en el combate contra la delincuencia organizada.
Asevera que dicha propuesta deja de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles; y representa un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.
Destaca que la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia.
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