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El nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que obliga a los mexicanos a proporcionar sus datos biométricos cuando adquieren una línea celular, dejará a al menos 20 millones de usuarios desconectados de las redes.
De acuerdo con Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, con esta política se afecta a la población más pobre de México y quienes, en su mayoría, utilizan recargas o una línea prepago para utilizar la telefonía celular, quienes, además, están en las áreas más alejadas del país, donde no cuentan con un centro de atención ciudadana cercano, por lo que viven de recargas.
“Por lo tanto, nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 3 millones pueden quedar desconectados por esta iniciativa”, sentenció durante el foro virtual: "Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México", organizado por Causa en Común.
El experto en Derecho Digital y Telecomunicaciones también estimó que esta nueva legislación acelerará el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada, así como que abrirá la puerta al contrabando de chips celulares.
“Porque parece que estos congresistas no saben que, desde el 2013, se eliminó el roaming con Estados Unidos y ahora las tarjetas de allá son prepagadas y funcionan aquí perfectamente bien. Lo único que está estimulando esta iniciativa es que exista un mercado de negro de contenedores con toneladas de sims que van a llegar acá a celebrar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada”, aseveró.
Por su parte, Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, criticó la falta de una política digital en el país que sirvan de guía para trazar nuevas políticas como la que pretende regular las extorsiones telefónicas a través de este Panaut y la entrega “a ciegas de nuestros datos”.
Señaló que si bien los bancos y otras instituciones ya recaban estos datos, los usuarios los otorgan con su consideración, por lo que al ser una legislación obligatoria para todos los mexicanos se deben de asegurar todas las medidas de protección, ya que actualmente no se brinda certeza con este modelo que sería operados por entes públicos, como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y privados como las compañías Telcel, AT&T, Movistar, entre otros.
“Las compañías nos lo pueden prometer (que los datos biométricos estarán seguros), pero la seguridad no la tenemos y de lo que hablamos es de una seguridad constitucional, no comercial, con las consecuencias que eso conlleva”, exigió.
Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, señaló que para que la reforma funciones se necesita vivir en un país con autoridades que respeten los límites de sus funciones y facultades, en el que el gobierno aprecie el concepto de división de poderes, que considere que los derechos fundamentales son el límite básico para el ejercicio del poder.
Sin embargo, resaltó que sólo hay siete países más corruptos que México en cuanto se refiere a Estado de Derecho, según el World Justice Project, por lo que el miedo de que se vulneren los datos biométricos de los mexicanos “está plenamente justificado”.
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“El problema es que el gobierno, y desde la cabeza, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos han dado todas las señales que han podido para decirnos que a ellos no los limitan la Constitución, las leyes, que no tiene empacho alguno en tratar de influir de manera directa y presionar al Poder Judicial, de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para efectos electorales, a la Fiscalía General de la República (FGR) para incidir en las campañas políticas. Entonces no no es una medida simplemente legislativa, no es simplemente una discusión sobre los elementos técnicos de este dispositivo, tenemos que ubicarlo en este contexto”, advirtió.
María Elena Morera, quien dirige Causa en Común, señaló que esta iniciativa más que favorecer a la seguridad, es una medida que facilita la inseguridad y que criminaliza a toda la población con una línea de telefonía móvil al suponer que desde un inicio puede cometer ilícitos como son llamadas de extorsión.
“No creo que ningún criminal de sus datos. Ellos simplemente van a comprar una tarjeta sim o te van a apuntar con una pistola (...) Entonces es justo al revés, además los criminaliza: tu puedes ser sospechoso porque desde tu celular vas a extorsionar alguien”, comentó.
En este sentido, demandó a las autoridades federales controlar las cárceles, de donde sale el mayor número de estas llamadas de extorsión y que son la base de esta nueva disposición legal, toda vez que dijo, se cometieron cuatro millones de extorsiones en el último año, de las cuales 86 por ciento se pagaron y están vinculadas a los penales federales con los que cuenta el país.
“Ni siquiera pueden controlar un espacio que está cerrado, imagínense si podrán controlar el padrón de más de 120 millones de celulares”, afirmó.
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