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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de atentar en contra de la democracia, luego que estos últimos determinaran que el tabasqueño vulneró el proceso electoral de 2023.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó este martes en un comunicado que “los magistrados afines a grupos opositores del actual gobierno” transgreden el artículo 3º de la Constitución y utilizan su cargo para restringir la libre expresión del presidente López Obrador y de la sociedad mexicana.
Asimismo, la Consejería adelantó que promovió un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF en espera de que ésta, “respetuosa del derecho a la libre manifestación de las ideas, del derecho de la ciudadanía a recibir información y el derecho a la libertad de prensa, revoque la sentencia de los magistrados de la Sala Regional Especializada”.
En el comunicado sostiene la CJEF se limita al presidente en su ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas, a la información y a la libertad de prensa y con ello, impiden el desarrollo de la vida democrática, consagrado en la Constitución.
“En unas cuantas horas, sin hacer una valoración de las manifestaciones y pruebas rendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y únicamente apoyándose en lo que dijeron los quejosos, resuelven, en contra del primer mandatario y de otros servidores públicos, 19 quejas sobre 36 conferencias de prensa matutinas”, sostiene la CJEF.
Al referirse la CJEF al proceso de valoración del Tribunal Electoral con el que determinó que López Obrador violó normas electorales durante las elecciones a gobernador del Estado de México y Coahuila en 2023 a través de expresiones de su mañanera, dijo que se trataba de “un procedimiento caducado” y que los magistrados electorales Luis
Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones, Mónica Lozano Ayala, resolvieron infraccionar al titular del Ejecutivo federal por expresar sus ideas, informar a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias de prensa de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, lo cual resulta absolutamente arbitrario y violatorio de los derechos reconocidos, no sóloconstitucionalmente, sino en los tratados internacionales”.
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Sostuvo que “con argumentos baladíes, los magistrados electorales adjudican a las palabras del presidente una intencionalidad distinta de lo manifestado; se convierten en adivinos de la voluntad del presidente; argumentan que, si mencionó alguna palabra, en realidad ésta se refería a Morena, y que, por tanto, hacía propaganda a favor de ese partido. Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal jamás se pronunció a favor o en contra de algún partido político o candidato(a) en esas conferencias, y sólo manifestó libremente sus ideas políticas, derecho que tiene todo ciudadano en un régimen democrático como el nuestro”.
Sin embargo, hay que destacar que el TEPJF se basó en 36 conferencias mañaneras para tomar su decisión, en las que determinó que el presidente López Obrador violó el principio de imparcialidad.
No obstante, la Consejería Jurídica sostiene que en un “afán destructor de la democracia de nuestro país”, los magistrados electorales se volvieron “olvidadizos” y no sancionaron al presidente Felipe Calderón en 2012 cuando habló en favor de su candidata, Josefina Vázquez Mota, mientras aseguraran que los comentarios de López Obrador no se refirieron a candidato alguno de su partido.
La Consejería cuestionó que el Tribunal podría estar en contra de la política humanista del presidente y acusó que su sanción podría estar sujeta a “subjetividad e ideología en la que supuestamente no deben basarse quienes deben actuar con independencia e imparcialidad al juzgar”.
Finalmente, la Consejería deslizó la idea de que los magistrados del Tribunal podrían estar defendiendo intereses personales e insistió en que debe ser el pueblo el que decida quiénes deben de juzgar de manera imparcial, a través de nuevos miembros del Poder Judicial.
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