Presidencia de la República exigió este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que posponga el proyecto de sentencia del ministro Alberto Perez Dayán, que perfila echar abajo parte de Plan B de Reforma Electoral de 2022.
A través de la Consejería Jurídica del del Ejecutivo Federal (CJEF), la presidencia pidió al Máximo Tribunal que antes de abordar el Plan B, primero resuelva la impugnación pendiente en contra de la Ley General de Comunicación Social que aprobaron el PRI y el PAN en 2018.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, impulsaron en diciembre del año pasado, la reforma electoral conocida como el Plan B y que incluye cambios a la Ley General de Comunicación.
El argumento oficial fue generar ahorros al erario público con el Plan B, sin embargo, en la práctica la enmienda le da libertad de influir al gobierno en las elecciones de 2024, porque permite usar recursos públicos en propaganda, siempre que no estén etiquetados; además, le da libertad a los burócratas para realizar actos de propaganda en el proceso electoral y, que estas personas se pronuncien públicamente a favor de un candidato.
Con respecto a la Ley General de Comunicación Social que promulgó en mayo de 2018, el entonces presidente Enrique Peña y que se conoció como “La Ley Chayote”, un grupo de legisladores, encabezados por la emecista Martha Tagle, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, porque consideraron que mantenía sesgos políticos en materia de publicidad oficial y mantenía censura directa, porque el gobierno mantenía la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano señalaron que lo más pernicioso de la LGCS era que que “no se castiga a quien rebasa el tope de gastos en comunicación”.
Este jueves, la CJEF reprochó que desde que se presentaron impugnaciones hace casi 5 años a la LGCS de parte de Movimiento Ciudadano, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva, por lo que argumentó que quiere que se evite la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
En este sentido, anunció que hizo “un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
El gobierno lopezobradorista expuso, mediante un comunicado que le solicitó a Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, de manera formal, que resuelva en orden cronológico y “sin sesgos políticos” la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018 y, luego, analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
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La LGCS se aprobó el 11 de mayo de 2018, antes de las elecciones de 2017-2018 por el PRI, pero fue impugnada por Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.
Em tanto, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán perfila invalidar parte del Plan B electoral de López Obrador, debido a que fue aprobado por la fracción mayoritaria morenista en el Congreso con “un cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos de la Cámara.