PRI rechaza que Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad

La reforma constitucional por la que se crea la Guardia Nacional no fue un cheque en blanco para usar a las Fuerzas Armadas, sin justificación, considera el PRI en la Cámara de Diputados. Puntualiza que el decreto publicado este lunes es un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno. Y contraviene las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en México.

Expresan un rechazo enérgico por la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Decreto en el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, pues genera incertidumbre, tanto entre la ciudadanía como en los integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre sus alcances jurídicos y pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración.

Sociedad

Fuerzas Armadas volverán a realizar funciones de seguridad pública

Subrayan que si bien ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma aprobada por el Congreso, “es preocupante que se aproveche la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas”.

La falta de definición conduce a interpretar que el gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder.

Además, las cifras indican que la estrategia de seguridad no da resultados positivos. “Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento”.

Sostienen los priistas que el país no puede esperar. Se requieren instituciones y estrategias que verdaderamente contribuyan al restablecimiento de la paz en todo el territorio. En el 2019 y en lo que va de este año, aún en medio de la fase 3 de la pandemia por el Covid-19 las cifras oficiales revelan que la violencia en México no da tregua.

Y se pronuncian por la necesidad de que se revisen los términos del acuerdo presidencial para que ninguno de sus cinco artículos y 2 transitorios sea contrario a lo establecido en la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil.

Manifiestan que el Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.