ASF reprende a universidades en situación de quiebra

Ante 34 rectores de igual número de universidades del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseveró “que no hay excepción ni autonomía que autorice a violar la ley”.

“Los problemas financieros de las instituciones de educación superior, no pueden ni deben resolverse con mecanismos violatorios”.

Durante la presentación de los estados financiero de las universidades en el palacio legislativo de San Lázaro, el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF,  Juan Javier Pérez Saavedra, demandó de las universidades a rechazar las acciones de un grupo de personas, que apoyándose en ciertas prerrogativas de ley, han buscado mecanismos de solución a problemas financieros de universidades, pero con ello han abierto la puerta a la posible comisión de irregularidades, incluso con importantes beneficios personales y por ende perjuicios al erario.

En ese sentido, el funcionario destacó que las universidades públicas tienen la obligación de predicar con el ejemplo para que los futuros profesionales tengan clara conciencia de la responsabilidad social que implica el manejo de recursos públicos. “Constituye el pilar que permite formar a los jóvenes mexicanos para que en su momento y con el ejemplo, se constituyan en prevención de combate a la corrupción”, dijo el auditor.

Durante la reunión, presidida por la Comisión de Vigilancia de la ASF, llamó a todos los rectores de todo el país, a utilizar los recursos de manera transparente y claridad que permita evaluar el proceso de decisión en cuanto a su destino.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, expresó la preocupación por la situación crítica que enfrentan un grupo de universidades públicas. “No se trata de un problema coyuntural para el cierre de este año. Estas instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años como resultado del crecimiento acelerado de la matrícula, el reconocimiento parcial de la plantilla de personal académico y administrativo”.