Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), como parte del paquete de reformas en el enviadas al legislativo, dos de los cinco comisionados solicitarán la intervención de los secretarios de educación en las entidades y del Congreso de la Unión para que no pase esa iniciativa constitucional.
A través de un posicionamiento los comisionados Florentino Castro López y Óscar del Río Serrano anunciaron que acudirán ante las autoridades educativas de los estados que se reunirán a finales de este mes para solicitar su respaldo.
Lo mismo harán ante el Congreso de la Unión, solicitarán a las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República su apoyo para fortalecer a la institución y participar en los foros del Parlamento Abierto para informar el quehacer de Mejoredu.
“Pugnaremos porque en lugar de suprimirla y pasar sus atribuciones a la SEP, la legislatura se pronuncie por fortalecerla. No se puede entregar un organismo de esta naturaleza sin ponderar realmente su relevancia para el Sistema Educativo Nacional”.
Esta es la segunda ocasión en la que se propone desaparecer a la institución encargada de realizar la evaluación del sistema educativo y plantear propuestas para la mejora de la calidad de la educación básica y media superior. Entre sus funciones también es la de realizar un diagnóstico de las condiciones de infraestructura y recursos didácticos para la mejora educativa.
La primera ocurrió en medio de la propuesta de reforma educativa, al inicio de la administración del presidente López Obrador, cuando el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación libró esa propuesta y fue transformado en Mejoredu.
Ahora como parte del Proyecto de Decreto en materia de simplificación administrativa se prevé desaparece tanto el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE), como su organismo coordinador: Mejoredu y transferir sus facultades y obligaciones a la Secretaría de Educación Pública.
“La instancia responsable de diseñar la política educativa nacional no puede ser juez y parte”, coinciden los comisionados.
En el posicionamiento de dos cuartillas establecen cuatro acciones, tres de las cuales están orientadas a impulsar que no desaparezca Mejoredu y dos más para que en caso de que esa instancia pase a formar parte de la SEP se garanticen los derechos laborales de los trabajadores.
“La Junta Directiva no podría garantizarlos, ya que también este órgano de gobierno se encontraría en las mismas circunstancias que el resto del personal”.
La propuesta del gobierno de la 4T, que se entregó el 5 de febrero al congreso, se propuso la desaparición de los órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados. Frente a esa iniciativa los dos comisionados señalan que a lo largo de más de cuatro años Mejoredu ha aportado diversos recursos, materiales y documentos que son referente para las autoridades educativas federal y estatales, así como docentes y por la comunidad educativa.
“Es importante destacar que la SEP y Mejoredu tienen atribuciones y funciones distintas, y, por tanto, en el supuesto de que se apruebe esta iniciativa, se corre el enorme riesgo de que en los procesos de evaluación de los aprendizajes y en el diseño y elaboración de estudios e investigaciones destinados a identificar aspectos de mejora continua, se diluya la visión”.
Agregaron que desde su creación Mejoredu se ha enfrentado a limitaciones presupuestales y administrativas, a una diversidad de visiones y a un sinfín de obstáculos y a pesar de ello existe el compromiso para problematizar la realidad educativa y plantear recomendaciones y propuestas para el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema y la mejora educativa de niñas, niños y adolescentes.
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