Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) libró, por segunda ocasión en una semana, pagar un crédito fiscal al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por pagos pendientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) desde 2010.
El monto que el SAT impuso a Elba Esther era por 16 millones 174 mil 75 pesos, por concepto del ISR, actualizaciones, recargos y multas.
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Hace una semana, la exlideresa magisterial también evadió el pago de nueve millones 431 mil 418 pesos por el mismo concepto, pero por el ejercicio fiscal de 2012.
Con esto, Elba Esther suma 25 millones 605 mil 493 pesos que no debe de pagar al SAT, debido a que la autoridad fiscal no concedió el debido proceso a la maestra, como tampoco presentó argumentos válidos en su contra.
El proyecto de la magistrada Nora Elizabeth Urbi, aprobado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), indica que se violentó su garantía de audiencia y su derecho jurídico y humano de acceso a la justicia.
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Ello, al estimar que Elba Esther no pudo realizar "lo jurídico y humanamente posible para allegarse de la información" requerida, debido a que ya no contaba con el cargo de presidenta vitalicia en el SNTE, así como porque se encontraba privada de su libertad en 2015 cuando la autoridad fiscalizadora le requirió demostrar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
"Se constató que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación negó en reiteradas ocasiones su petición, relativa a que se le proporcionará la documentación que le permitiera demostrar ante la autoridad el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siendo evidente que la garantía de audiencia no produjo su efecto esperado", expuso ante el pleno del TFJA.
"Motivo por el cual se propone declarar la nulidad de la resolución impugnada y de la originalmente recurrida", añadió.
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Sin embargo, la magistrada ponente concedió al SAT cuatro meses para determinar si repone el procedimiento en contra de Gordillo Morales, "otorgando nuevamente a la accionante el plazo legal para desvirtuar los hechos y omisiones que le fueron dados a conocer en el oficio de observaciones o bien decida no hacerlo".
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